En un sistema ajustado integralmente a la proporcionalidad, las jubilaciones resultan del total de aportes y contribuciones abonados durante la vida activa, más los intereses (o dividendos, o ganancias de capital) acumulados, y del período de supervivencia media a partir del momento de la jubilación. Un sistema de este tipo abarcaría tanto el 16% que recae sobre las empresas, como el 11% de aporte personal. Porque lo que paga la empresa, en su esencia económica, también surge del trabajo personal. Por el contrario, en un sistema totalmente solidario, todas las jubilaciones deberían ser iguales, sin importar lo que cada uno haya aportado.
En el primer caso, contribuciones y aportes tienen el carácter de ahorro forzoso, ya que en teoría se devuelve el importe, más intereses y ganancias, a partir del momento de la jubilación. Si todos vivieran el mismo tiempo, el importe acumulado se agotaría al momento de la muerte del jubilado o de quienes lo sucedan con una pensión. Pero como las personas llegan a distintas edades, los jubilados y pensionados que mueren antes que el promedio subsidian a los que mueren después. En esto el sistema proporcional también tiene un componente solidario. En el caso del sistema totalmente solidario, aportes y contribuciones tienen el carácter de impuestos fuertemente progresivos.
Nuestro sistema es más solidario que proporcional. El 16% que aportan las empresas va la Anses, y el 11% de los que optaron por el sistema estatal, también. Con estos recursos, más los que salen del sistema impositivo general, y que suman otro tanto, se abona una prestación básica igual para todos, y además se cubren las jubilaciones y pensiones vigentes antes de 1994 (cuando se creó la opción de pasar a un sistema privado), así como las que recayeron sobre la Anses después de esa fecha, y también la parte de las jubilaciones privadas que corresponde a los años aportados al sistema público. Como el sistema privado tiene 14 años y se requieren 30 años para acceder a la jubilación (que en general son más, porque el que comenzó a trabajar antes de los 35 años si es hombre, y de los 30 si es mujer, con 30 años de trabajo no llega a la edad requerida), es comprensible que los 445.000 jubilados y pensionados del sistema privado cobren gran parte de su haber de la Anses, o sea, del Estado.
El sistema proporcional se puede instrumentar por medio de la capitalización, que puede ser administrada por el Estado (lo que en la Argentina daría muy poca garantía), como por empresas privadas, las AFJP. Estas son meras administradoras, que colocan los fondos acumulados por cada aportante conforme a normas fijadas por el Estado, procurando obtener el mayor rendimiento posible sin incurrir en riesgos elevados. Los fondos sólo se pueden extraer para pagar las jubilaciones y pensiones. Esto funcionó muy bien, al punto de que los fondos administrados por empresas que desaparecieron pasaron a otras, y todo siguió sin sobresaltos.
Pero el principio de la proporcionalidad también se puede implementar sin capitalización, en el marco de un sistema de reparto. El mejor ejemplo de esto fue el sistema de puntos de Alemania occidental en la posguerra. En la Argentina, originalmente el sistema estaba pensado para respetar la proporcionalidad. Así fue desde el principio, y especialmente con la ley de 1958, que estableció el famoso 82%. No era una proporcionalidad perfecta, ya que se calculaba sobre los últimos años de aportes y no tenía en cuenta el tiempo de aportes, ni computaba intereses. Pero al poco tiempo, por simple decreto, se redujeron con escala progresiva las jubilaciones mayores. En el curso de la historia, la proporcionalidad imperfecta se estableció y se volvió a quebrar una y otra vez. Con la reforma de 1994, el principio quedó en el aire, y a partir de 2001 se dio prioridad total al principio de solidaridad, con importantes aumentos de las jubilaciones mínimas y subas modestas de las superiores. Por motivos políticos, los que cobrarían jubilaciones relativamente altas, por haber aportado mucho durante mucho tiempo, en sistema estatal siempre serán sacrificados en el altar de la solidaridad.
Por eso mismo, este grupo social prefiere decididamente la administración privada, que tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Si ahora el sistema se estatiza, las jubilaciones que perciban los que aportan más durante más tiempo serán nuevamente reducidas frente al nivel que alcanzarían con el sistema de capitalización. Esto afecta principalmente a la clase media y, en casos aislados, a personas de clase alta. Los verdaderamente ricos están fuera del tema, ya que tienen patrimonios que les proporcionan ingresos en la vejez, sin que tengan que depender de un sistema jubilatorio. Una vez más, este gobierno actúa contra la clase media.
Lo lógico es que el sistema previsional sea privado y de capitalización, para preservar, al menos en parte, el principio de la proporcionalidad, por el cual cada uno puede jubilarse con un ingreso que le permite continuar viviendo dentro de su normalidad, sin sufrir gran baja en sus ingresos, como ocurre con el sistema estatal. En cuanto al sistema público, debería centrarse en quienes perciban la jubilación mínima y la pensión a la vejez en el caso de los que en la mayor parte de su vida activa estuvieron fuera del sistema. El Estado tiene que atender este problema social, que requerirá recursos crecientes, dado que cerca del 40% de la población trabaja en negro, o sea fuera del sistema previsional.
Pero para disponer de recursos suficientes para atender a este grupo social creciente, es muy conveniente que el sistema privado pueda seguir evolucionando, absorbiendo poco a poco la carga de las jubilaciones y pensiones superiores a las mínimas. Esto sería así, porque la mayoría de los aportantes, en especial los que perciben mejores remuneraciones, pertenecen actualmente al sistema privado. Al mismo tiempo, de los actuales jubilados y pensionados, más del 90% pertenecen al sistema estatal. Cuando el tiempo pase y los nuevos jubilados provengan del sistema privado, habría un alivio para la Anses, que dispondría de fondos para atender las jubilaciones y pensiones de carácter social. Esta tendencia se acentuaría en los próximos años. En cambio si el sistema privado se estatiza, el Estado recibe ahora un monto importante (siempre que la Justicia convalide la confiscación), pero cargará con un gasto previsional mucho mayor a futuro. Decididamente es un mal negocio, que compromete las finanzas públicas en años por venir, en que la población seguirá envejeciendo, con un deterioro de la relación de aportantes con jubilados y pensionados.
El Estado hará un mal negocio en el largo plazoJubilaciones bajo la lupa
Juan Alemann
lanacion.com | Opinión | Jueves 13 de noviembre de 2008
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