domingo, 28 de septiembre de 2008

La pregunta que nos hacemos es si se actuará diligentemente y a tiempo.

Las dificultades encontradas en el Congreso de los Estados Unidos para aceptar el salvataje son demostrativas del arduo camino para normalizar los mercados y lograr una salida de la crisis internacional. No es fácil resolver el dilema entre equidad versus daño colectivo y menos en un contexto preelectoral.

Pero la atención sobre la grave crisis externa no impide observar con mucho interés las decisiones del gobierno argentino para comenzar a restablecer las relaciones con el sistema financiero internacional.

Después de varios años en que se mantuvo una situación de default, tanto con los acreedores oficiales del Club de París como con los bonistas que no adhirieron al canje (los holdouts ), la inconveniencia y los límites de esa situación se han hecho evidentes.

Las necesidades financieras habitualmente cubiertas por el gobierno venezolano que dirige Hugo Chávez se encontraron en la última oportunidad con una tasa de interés superior al 15 por ciento. Fue una señal de alarma que muchos interpretaron como la proximidad de un nuevo default. En esos días, se sumaron algunos informes críticos y pesimistas de analistas internacionales, como el del Banco de España, que fue imprudentemente descalificado por la presidenta Cristina Kirchner.

La falta de acceso al crédito externo ya ha creado dificultades crecientes para financiar proyectos públicos y privados. El tren bala, para desazón del Gobierno, pero en beneficio de los futuros contribuyentes, ejemplifica el caso. La decisión de salir de los incumplimientos de pagos aún remanentes tomó cuerpo en el círculo presidencial.

El primer capítulo fue el anuncio del pago al Club de París. La decisión de honrar esta deuda es correcta, pero no lo fue la forma de hacerlo. Se descartó un más conveniente acuerdo de reestructuración a largo plazo y se optó por pagar al contado con reservas. Tras una primera reacción favorable de los mercados primó luego una visión crítica que tuvo en cuenta el debilitamiento imprudente del respaldo de la moneda y de otros pasivos exigibles del Banco Central. Además la elusión de una auditoría del Fondo Monetario Internacional que la reestructuración hubiera requerido, no respondía tal vez tanto a una motivación política como a la inconveniencia de explicitar la manipulación del Indec o la debilidad de las proyecciones fiscales.

No se consultó al Banco Central y se violó su Carta Orgánica al hacer uso de reservas para el pago de deudas a entidades que no eran organismos internacionales. Por otro lado, al disponerlas por decreto, los tribunales del exterior estuvieron en condiciones de asumir que esas reservas pertenecen al Gobierno y, por lo tanto, son embargables. Una acción del juez Griesa sobre fondos depositados en la sucursal de Nueva York del Banco de la Nación Argentina prendió la luz roja.

El canje a los holdouts
Ese embargo evidenció que la salida del default también requería terminar con los juicios mediante un acuerdo con los holdouts . La iniciativa, en ese sentido, fue anunciada por la Presidenta desde Nueva York al comienzo de la semana. Después de más de tres años en que esa deuda era absolutamente desconocida, los límites impuestos por la cruda realidad modificaron la actitud del Gobierno. Sea una iniciativa de los bancos o del propio Gobierno -la cosmética no interesa- hay una propuesta del Citibank, el Deustche Bank y el Barclays, que afirman contar como mínimo con la adhesión del 50% de los bonistas impagos, basada en el canje por un bono discount en dólares a 25 años, con una quita del 65 por ciento.

La propuesta de las tres entidades incluye también el canje de los préstamos garantizados próximos a vencer, tanto en pesos como en dólares, por títulos de largo plazo. Además como hecho notable, la opción de canje en los dos casos se sujeta a la suscripción de otro bono a diez años, por un monto aportado en dólares frescos, del 25% del valor nominal de la deuda canjeada. Esto daría alivio al programa de pagos de los próximos dos años, aunque no eximirá de revisar profundamente la situación fiscal sujeta a diversas amenazas. El Gobierno dice estar analizando la propuesta de canje y seguramente debe estar estudiando también el pago de las sentencias firmes contra la Argentina en tribunales internacionales. En esta misma línea, debiera proponerse terminar con la manipulación del índice de precios del Indec, ya que es causa de default al aplicarse al ajuste de los bonos en pesos. Sin embargo, la Presidenta insistió frente al Consejo de las Américas en que el Indec está bien. Este fue un lamentable paso atrás.

Otro hecho que sugiere la percepción oficial de los límites fue el de la respuesta negativa de la Presidenta al pedido de la Unión Industrial de una mayor devaluación (con el eufemismo de un tipo de cambio competitivo). En rigor, el modelo del dólar alto ya agotó sus posibilidades y el Gobierno sabe que cualquier devaluación más allá de muy pequeños movimientos, se trasladaría a los precios y podría despertar una fuerte demanda especulativa de dólares como la que se vivió en mayo y junio pasados. El proyecto de presupuesto de 2009 proyecta un dólar promedio de 3,19 pesos.

Temas varios
Si hubiera realmente una propensión del Gobierno hacia la racionalidad, hay varios otros temas que deberán encararse con urgencia: la inflación; el debilitamiento fiscal; la ausencia de un clima de inversión; las restricciones energéticas; las distorsiones en los precios, y las presiones salariales. De la inflación diremos que deben atacarse las causas y clausurar definitivamente la metodología Moreno de controlar precios e índices. Del frente fiscal afirmamos que no hay holguras en el horizonte y que deben reducirse fuertemente los subsidios, al sincerar con los necesarios resguardos sociales, las tarifas de los servicios públicos y los precios de los alimentos ahora controlados. Deberán además encararse programas de reforma para reducir el gasto público y mejorar su calidad. Ese es el camino genuino y no la paralización de obras y retrasos de pagos que se observan actualmente. No hay margen para aumentar la presión tributaria y resulta evidente que no podrán sostenerse en 2009 los ingresos por retenciones.

La sequía, los menores precios internacionales y un dólar quieto frente al aumento de los costos internos probablemente obligarán a reducir las alícuotas y, de cualquier forma, bajará la recaudación. Los vientos internacionales han cambiado y la crisis evoluciona hacia un enfriamiento de la economía mundial que ya se siente también en la Argentina.
Al margen de la semanaLos límites imponen racionalidad

Por Manuel A. Solanet

lanacion.com | Economía | Domingo 28 de setiembre de 2008

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