Lo K ven la realidad que están creando?

Los argentinos estamos viviendo la sensación de una creciente presión. Se manifiesta en diversos frentes de confrontación que emanan del discurso diario y crispado del matrimonio presidencial, pero también se evidencia en distorsiones materiales, acumuladas por una gestión que desde hace varios años ha empleado la arbitraria intervención estatal para forzar a su gusto variables económicas y sociales intentando el menor perjuicio político electoral.

El modelo económico vigente tuvo su punto de partida en una devaluación que, luego de algunos altibajos, triplicó el precio del dólar. Desde aquel momento hasta hoy el impacto inflacionario de aquella medida fue amortiguado mediante congelamientos de tarifas, controles de precios, retrasos de salarios públicos y de jubilaciones, retenciones a las exportaciones y más recientemente, subsidios. El resurgimiento de la inflación desde comienzos de 2005 ha ido evidenciando gradualmente las distorsiones creadas por el retraso de los precios intervenidos frente a costos crecientes de producción. En algunos casos como el de los hidrocarburos, las distorsiones se han magnificado como consecuencia de la cuadruplicación de los precios internacionales del petróleo y del gas.

Hoy en la Argentina pagamos 0,25 pesos por m3 el gas natural que usamos en nuestra cocina o calefón. Nuestros vecinos de Chile, Uruguay o Brasil pagan el equivalente en moneda argentina de entre 4 y 7 pesos por m3, o sea unas veinte veces nuestro precio. El gas licuado en garrafas – uno de los consumos esenciales de los sectores sociales más pobres - es aquí mucho más caro que el gas natural de red, pero aún así su precio al consumidor es un tercio de lo que vale en otros países y de lo que costaría importarlo. El problema es que estos precios han desalentado la producción y hemos pasado de ser exportadores a importadores de gas. Lo compramos a Bolivia, que no nos garantiza todo el suministro necesario y comprometido, pagando 3 veces el precio que se reconoce a nuestros productores en boca de pozo y 14 veces la tarifa residencial en Buenos Aires. La diferencia la pone el Estado, o sea Ud., yo y Doña Rosa.

El precio internacional del petróleo ha alcanzado 125 dólares por barril. La Argentina todavía exporta, aunque la declinación de la producción nos convertirá también en importadores de petróleo crudo en un corto plazo. El gobierno de Kirchner impuso una retención móvil que implica un tope al precio local de 42 dólares por barril. Nadie invierte en estas condiciones ya que prefiere hacerlo donde se reconoce el precio internacional. Cuando pronto tengamos que importar, el precio interno sólo será sostenible subsidiando las compras de petróleo en el exterior, como ya ocurre con el gas, el fuel oil y el gas oil. Más y más subsidios, ya que ni Chávez ni nadie nos vende a precios menores que los del mercado. Si se quisiera sincerar el precio interno del crudo, se agravaría la situación de las refinerías argentinas que hoy ya pierden vendiendo sus combustibles en el surtidor a precios que son la mitad de los que rigen en Uruguay, Chile o Brasil. El resultado es el faltante de combustibles y la quiebra y cierre de estaciones de servicio.

Las comparaciones no son diferentes en las tarifas residenciales de electricidad. Las de Edenor y Edesur son sólo la quinta parte de lo que se paga en Chile, Uruguay o Brasil. Esto exige que las usinas reciban combustible subsidiado por el gobierno. La consecuencia es que no hay inversiones en generación ni distribución, excepto un par de usinas termoeléctricas que el gobierno compró de urgencia a la empresa Siemens, que por supuesto son insuficientes y tardías y no cuentan con el abastecimiento asegurado de gas. Aparecen además la costosa autogeneración y el desabastecimiento.

El transporte colectivo y el ferroviario también muestran los efectos de mantener tarifas fuertemente retrasadas. Un boleto de colectivo cuesta una cuarta parte de lo que se paga en los países vecinos y uno de ferrocarril no supera el 5% de lo que se cobra en Europa o los Estados Unidos. Hay una madeja de subsidios que deben crecer rápidamente para que no colapsen los servicios, y además no se realizan inversiones.

Los jubilados y los empleados públicos que no estaban en el año 2002 en las categorías más bajas, también están en la olla a presión. Por ejemplo, aquellos que en aquel entonces recibían una jubilación de 470 pesos mensuales, después de los ajustes insuficientes dispuestos en estos años hoy necesitan un aumento del 51% para recuperar su poder adquisitivo. Los que recibían 1.000 pesos hoy necesitarían un 66%. Estas presiones, al igual que las crecientes demandas de subsidios, son una clara amenaza sobre la solvencia fiscal y están detrás de la angustia oficial por recaudar donde sea. No se crea que el aumento de las retenciones al campo persigue una redistribución del ingreso o una supuesta “desojización”. Aunque se la haya presentado de ese modo, es otra de las “medidas de necesidad y urgencia” empleadas por el kirchnerato para tapar sus gravísimos errores y omisiones de gestión.

La inflación y el conflicto aumentan día a día la presión de la olla. El Gobierno debe percibir que hay dos formas de aliviarla. Hacerlo en forma ordenada con un cambio sustancial de su modelo económico y de sus actitudes y comportamientos en todos los órdenes. O continuar como lo ha hecho hasta ahora y que las correcciones sean desordenadas, con alto costo social y económico.


Manuel A. Solanet