Crisis y oportunidad

Por José Juan Manny Lalor
Para LA NACION
Al iniciarse una nueva etapa de gestiones entre el Gobierno y el agro, es oportuno plantearse si realmente tiene sentido un conflicto con el campo.

En este caso, el "disparador" ha sido una poco inspirada iniciativa del hoy ex ministro de Economía Loustau, al establecer retenciones móviles que llegan al 95 por ciento para el Estado, dejando el 5 por ciento para los productores, según suban los mercados internacionales.

El Gobierno considera que estas medidas fueron tomadas de acuerdo con sus facultades, delegadas al Ejecutivo por legisladores que cedieron sus competencias constitucionales.

Ante el rotundo rechazo del agro, con sus centenares de miles de empresas, a una nueva suba de impuestos y a la mayor intervención de los funcionarios en los mercados, el desafío pasó a ser cómo se supera la crisis.

Se interfiere el sector más dinámico del país, que aumentó lo que parecía el "techo" de la producción de granos, de 36 millones de toneladas en 1990 a los 100 millones actuales. Las cadenas agroindustriales generan el 36 por ciento del empleo total, el 44 por ciento de los recursos tributarios (antes del aumento de las retenciones de 2007), el 60 por ciento de las exportaciones y el 20 por ciento del Producto Bruto Interno. Esto fue posible gracias a una gigantesca inversión, principalmente en nuevas tecnologías, desde métodos e instrumentos de labranza hasta la industrialización, con mayor valor agregado en toda la cadena productiva. Esa inversión la hizo el sector privado en un par de décadas, sin estímulos oficiales.

El Estado contribuyó -al menos, desde los años 90-, con una mejor estructura, como el dragado de la hidrovía hasta Santa Fe, autopistas, caminos, etc., y, en buena parte, con los cambios legislativos que permitieron contar con puertos privados, superar el atraso en comunicaciones y en energía, desregular la economía y contener la inflación con reglas estables para invertir. Este impulso positivo hizo que se modernizara la estructura productiva, antes de los errores que llevaron al colapso de 2001.

Desde entonces, hubo una importante recuperación y mayor crecimiento. Pero entonces, ¿qué se discute?

Sectores del Gobierno proponen insistir en medidas repetidamente fracasadas, con mayor estatismo, nuevos organismos, intervención y control de los funcionarios sobre los precios y mercados, con cada vez más actividades, mayores impuestos, etc.

Nada de esto fue anunciado antes de las elecciones. Es un defecto de las campañas modernas, en las que partidos y candidatos poco dicen de cómo gobernarían. Se recurre a "expertos" en comunicación para seleccionar lo que las encuestas indican que la gente cree y quiere escuchar, reducidas a unas pocas frases, como "síganme, no los voy a defraudar" o "sabemos lo que hay que hacer y cómo hacerlo".

Son útiles para obtener votos. Pero cuando estallan los conflictos, ¿saben los funcionarios más que quienes trabajan en las diversas regiones de nuestro país, arriesgando sus propios capitales, para producir más y crecer?

Quizás no se reparó antes en que, en las distintas actividades, hoy se habla de una agenda mucho más amplia que un porcentaje mayor o menor de retenciones.

Ahora se discuten temas postergados durante décadas en las que se le dio la espalda al federalismo que impulsa el desarrollo de todas las regiones. Además de las fallas en la coparticipación, no se encararon las represas que hoy estarían produciendo buena parte de la energía que nos falta, no se hicieron las inversiones que resolverían la escasez de combustible, no se completó la hidrovía de Santa Fe a Corumbá, no se renovó el sistema ferroviario, no se construyeron autopistas ni caminos rurales y no hubo planes dinámicos de vivienda.

Se vuelve a hablar de los gastos y del endeudamiento del Estado, de las presiones inflacionarias, el nivel del cambio, los créditos, las enemistades externas y la renegociación de privatizaciones. Hay actividades destruidas por modas políticas (astilleros, marina mercante, reserva de bandera). Nada se dice de la, repatriación de los más de 100 mil millones de dólares de argentinos en el exterior.

Durante décadas, estos problemas restaron decenas de miles de puestos de trabajo, incinerados por trabas burocráticas e impedimentos político-ideológicos. No podremos repartir lo que no llegamos a producir.

Será imposible considerar, en las nuevas conversaciones, todos los temas reseñados, pero explican, en parte, el cambio de humor político a raíz del actual conflicto.

Una administración recientemente constituida es la mejor ocasión para aunar voluntades entre Gobierno, empresarios, sindicatos y demás sectores gravitantes y para acordar prioridades, sin olvidar que mayores impuestos, controles, y subsidios que los neutralicen parcialmente son sólo parches de corto plazo.

Hay que actuar sobre los efectos inflacionarios, y no sobre sus causas. En los mercados intervenidos, se frenan inversiones y disminuye la producción: justamente lo opuesto a lo necesario.

Las evidencias de que fueron las intervenciones del Estado las causantes de una menor producción y exportación de carne, leche, trigo y otros productos aconsejan no subestimar esta crisis ni el daño que causa desde su origen y recomiendan no pensar en soluciones a medias.

Claramente, el desafío es cambiar lo que fue un mal comienzo y una infructuosa primera negociación, con propuestas para aprovechar la firmeza de los mercados mundiales en aras de atenuar y resolver el atraso social con mayor producción y nuevas actividades.

¿Crisis y retroceso? Sólo si fracasáramos en convertirla en oportunidad.

El autor fue diputado nacional en representación de la Unión de Centro Democrático (Ucedé) y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.