Unos de estos objetivos se orienta a asegurar un medio ambiente sostenible y, dentro de él, se estableció como meta reducir a la mitad en 2015, respecto de 1990, el porcentaje de personas que no accede a fuentes seguras de agua para beber y a servicios básicos de saneamiento. La Argentina asumió esta meta, comprometiendo una reducción de dos terceras partes de ese porcentaje.
En la actualidad, una variedad de reportes internacionales coincide en que la tasa de cumplimiento de este objetivo será variada en las ciudades, pero muy baja en las comunidades rurales, donde la situación adquiere complejidad creciente año tras año.
Un reciente estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) analiza, por un lado, la evolución de esta meta en función de la pobreza y ruralidad en el nivel departamental en la Argentina y, por otro, su cumplimiento en el nivel provincial, considerando su evolución entre 1991 y 2001 -fecha del último censo nacional-, con proyecciones estimativas para 2015.
Los resultados muestran que la situación de la población rural en la Argentina reproduce las iniquidades a las que se encuentra sometido este grupo poblacional en otros países. El país cuenta con más de 270 distritos (más de la mitad de los existentes en la totalidad de las provincias) que presentan una densidad poblacional menor que los 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Quienes habitan en estos distritos presentan, además de mayor pobreza, mayor déficit en el acceso al sistema público de salud y menor acceso a fuentes seguras de agua y saneamiento básico, aun considerando estrategias de provisión que van más allá de las redes públicas, como son las perforaciones seguras y los sistemas mejorados de saneamiento.
Editorial II

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