Feria ilegal

La Salada, la feria ilegal más grande de América latina, fue identificada recientemente por la Unión Europea (UE) como un emblema mundial del comercio y la producción de mercadería falsificada.

A la vera del Riachuelo, en un predio del tamaño de Once, pero ubicado en Lomas de Zamora, La Salada moviliza 9 millones de dólares por semana y emplea a 6000 personas para atender a las más de 20.000 que concurren desde todo el país cada vez que la feria se pone en funcionamiento.

Es un paraíso de la ilegalidad, y aunque la UE llamó en su estudio a “enfocar actividades y recursos en la lucha contra la falsificación”, esa misión aparece como una cruzada prácticamente imposible para los dirigentes empresariales, sindicales, políticos y policiales consultados por La Nacion.

El director ejecutivo de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Héctor Kolodny, uno de los representantes del sector más perjudicado por la megaferia La Salada, calcula que, del total de ropa que se comercializa en el país, el 50% se vende en negro. “La Salada es el mayor centro de distribución: de ahí se abastecen unas 300 ferias minoristas en todo el país”, alerta. Y se pregunta: “¿Si se puede legalizar la feria? Parece una meta imposible. Me conformaría con que hubiera un punto de inflexión y con que se empezara a ver alguna señal de control”.

La Salada comenzó en 1991 con un puñado de bolivianos que se instalaron a vender ropas importadas y comida en terrenos abandonados en la localidad lomense de Ingeniero Budge, que en tiempos de Perón estaban acondicionados como balnearios. Como vieron que el negocio era redituable reunieron a sus familias, y cuando llegaron a las 430 personas armaron Urkupiña SA, que, al sumar nuevos socios, se dividió en Cooperativa Ocean y Punta Mogotes SA.

En los ingresos a los galpones donde funcionan las tres ferias cuelgan carteles que prohíben “la venta de mercadería en infracción de la ley de marcas". Allí se distribuyen unos 15.000 puestos, que se alquilan por hasta $ 350 diarios, y que en la mayoría de los casos desoyen el mandato legal.

Los vecinos del sector, uno de los más pobres del conurbano, también quisieron participar y se adueñaron de los terrenos de enfrente de sus casas para instalar puestos sobre la ribera y explotarlos comercialmente (los alquilan por $ 30). Hoy, unos 5000 puestos armados con maderas, cañas o chapas ocupan unas 15 cuadras a la vera del riachuelo.

Así, en quince años, la veintena de puesteros que se ganaba unos pesos cada lunes vendiendo unos pocos productos a la intemperie creció hasta conformar la Ciudad del Este del conurbano: hay unos 15 mil puestos de venta ilegal de ropa, calzado, discos, películas, equipos de electrónica distribuidos en 20 hectáreas, una superficie comparable a la del barrio de Once.

Las ferias abren dos veces por semana (domingos y miércoles) entre el mediodía y la madrugada. Durante el día, en general se despacha mercadería a compradores minoristas. Desde la tardecita y hasta muy entrada la noche arriban al lugar contingentes de compradores del interior del país e, incluso, de países vecinos -se estima que, cada jornada, llegan al lugar unos 500 ómnibus de compras- y en diciembre en particular todos están de fiesta: llegan hasta 4000 tours de compras.

El experto en protección marcaria Alejandro Salvador recorre, cada mes, la feria completa. No va de compras. Como apoderado de diferentes marcas de indumentarias destina siete horas en recorrer los puestos y tomar nota de aquellos que venden jeans falsificados. "¿A cuánto están?", pregunta al vendedor, mientras señala un pantalón cuya etiqueta dice Wrangler. "Cualquiera cuesta $ 40", le responde, en referencia a las pilas con carteles de Levi s y Ufo. "Los originales valen $ 105", comenta Salvador. Y sigue caminando por los laberínticos pasillos de la feria.

"Una risa los controles"

Al día siguiente le da forma a sus informes -detectó 60 puestos con mercadería falsificada- y presenta la denuncia en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. "Tengo presentadas no menos de 20 causas en los distintos juzgados y en la fiscalía", dice. Pero dice que, "en general, las causas prescriben por lentitud en los trámites". Y apunta: "Son una risa los controles".

Una fuente de la Policía Federal que pidió no ser identificada reconoce las limitaciones de los procedimientos, que son "escasos" (en 2006 no se hizo ningún allanamiento) y no logran desentrañar el círculo ilegal. "Cuando vamos a los operativos, generalmente los puesteros ya fueron avisados y los decomisos son irrelevantes", cuenta un miembro de la fuerza.

Uno de los abogados que, desde un juzgado de Lomas de Zamora llevó adelante una investigación sobre la feria Urkupiña y develó que el funcionamiento de las ferias se sostenía sobre la base de una asociación ilícita, se siente frustrado con La Salada. "Todo quedó en la nada. Estas son las causas que te sacan las ganas de trabajar", dice, y pide reserva de su identidad porque aún recuerda las amenazas sufridas cuando salió el fallo que llevó a prisión a los administradores de Urkupiña, hoy nuevamente en libertad y al frente de la feria.

Ajeno a los expedientes judiciales, Javier A., llega de San Miguel y se interna en los precarios toldos del costado del Riachuelo. Es empleado público y aprovecha los domingos para cumplir con los pedidos de las clientas de su mujer, que instaló un negocio a pocas cuadras de su casa. "Estas polleritas están en precio", dice. Y ya está negociando con la señora de trenza negra que fabrica y vende polleras de talles 2 a 8 por $ 3. El segundo bolso se llena de discos y películas. "Llevo los estrenos y me los sacan de las manos", dice, y paga $ 2 por cada película. "¿Controles en mi barrio? Por suerte nunca vino un inspector en la zona", dice.

Las industrias discográficas y videográficas son dos sectores afectados por la feria. El director ejecutivo de la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas (Apdif), Javier Delupí, considera que "La Salada es un centro de inteligencia que irradia el mercado pirata a todo el país".

Explica que hay una red de laboratorios de producción aledaños al lugar que le proveen a la feria y desde ahí se distribuye. "Hicimos procedimientos, pero no podemos asumir el papel fiscalizador. Ese rol es del Estado, que le da cobertura", dispara.

A la Cámara de Comercio e Industria de Lomas de Zamora la pelea también la excede y, desde su página web, pide al subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, que "lleve a cabo operativos de inspección y aplique medidas".

Desde los diferentes sectores apuntan que la red de complicidades que sostiene este negocio millonario sólo puede romperse con decisión política. Ahora, la UE promete entrar en escena para aportar recursos y actividades que desarticulen este emblema del mercado ilegal.