Por Florencia Donovan | LA NACION
Los trabajadores tenemos que lograr la participación en Ganancias. Esa es la verdadera profundización del modelo", disparó esta semana el líder de la CGT, Hugo Moyano, durante el acto homenaje a Néstor Kirchner. Un día antes, vía Twitter, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, daba su versión en 140 caracteres: "Los industriales haremos todo lo que esté a nuestro alcance para profundizar este modelo de desarrollo industrial".
Con el respaldo histórico del 54% del electorado, "profundizar el modelo" kirchnerista es hoy más realizable que nunca. Pero qué es exactamente o hacia dónde va el modelo "de matriz diversificada y de acumulación con inclusión social" -tal cual lo definen los propios kirchneristas- es algo que prácticamente ningún economista puede precisar.
Muchas variables que caracterizaron al modelo durante los años de Néstor Kirchner no continuaron en los primeros cuatro de su esposa. Los superávits gemelos (fiscal y de cuenta corriente) del modelo original se deterioraron -analistas privados estiman que de no ser por los aportes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y del Banco Central habría déficit primario-, el tipo de cambio está cada vez más rezagado y el proceso de acumulación de reservas parece haberse revertido. En estos años, se mantuvo sí todo un consumo hercúleo, aunque con precios en ascenso.
"El kirchnerismo ha experimentado con dos modelos económicos", dice Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad. "Primero, uno con superávit fiscal, baja inflación y tipo de cambio ultracompetitivo. Luego, con otro apoyado en políticas fiscales y monetarias muy expansivas y atraso cambiario. La Argentina creció fuertemente con ambos, pero el segundo no es sustentable en el mediano plazo", opina el economista.
Definiciones aparte, existe otro obstáculo para asentar cómo seguirá la economía a partir de diciembre y es que si hay algo que ha caracterizado tanto a la gestión del ex presidente como a la de Cristina Kirchner es la inventiva a la hora de definir las herramientas de política económica: la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la intervención del Instituto de Estadística (Indec), la estatización de las AFJP y el uso de reservas para el pago de deuda son ejemplos de situaciones en las cuales el Gobierno dio nuevos significados al modelo.
Hay alertas que el reemplazante de Amado Boudou en el Ministerio de Economía deberá atender. La salida de capitales que pasó de un ritmo de US$ 1000 millones mensuales en el primer trimestre del año a casi 3600 este mes es una de las prioridades. En la semana que pasó, el Gobierno dio señales del camino que piensa adoptar para ello: incrementó los controles para la compra de dólares, obligó a mineras y petroleras a liquidar en el país las divisas que antes podían dejar en el exterior, y estableció que las aseguradoras debían repatriar toda inversión que tuvieran afuera.
"Entre el palo y la zanahoria, todo indica que el modelo se vuelca por el palo", ilustró un economista cercano al Gobierno. El mercado no descarta que pronto se restrinja tácita o explícitamente el pago de dividendos al exterior y que se intensifiquen los controles a las importaciones. También circuló la versión durante la semana de un inminente desdoblamiento del mercado cambiario para tener un dólar para la industria y otro para el comprador de billetes, pero el viceministro de Economía, Roberto Feletti, se encargó de desmentirlo.
"En la medida en que no se avance en las correcciones pendientes de la macroeconomía, aumentará la intervención del Estado sobre la micro", dice Dante Sicca, director de Abeceb.com. "Si no se corrige la inflación, la distorsión de precios relativos y el deterioro de las cuentas fiscales, no se detendrá la fuga de dólares. Entonces va a haber más controles. Lo mismo en lo fiscal: o salen a buscar deuda o se vuelven creativos."
Así como en su momento se decidió por la nacionalización de las AFJP, en el mercado muchos consideran que las obras sociales y las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) podrían estar en la lupa, en caso de que se requieran nuevas cajas para cubrir las necesidades fiscales. Aunque, según Eduardo Levy Yeyati, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), "no son cajas tan atractivas como las AFJP", no sólo por monto, sino porque implican gestión activa del Estado. El economista desestima la posibilidad de que el Gobierno recurra a los bancos mediante la colocación de un bono que absorba el dinero que las entidades tienen como encaje en el Banco Central (BCRA), como alguna vez se evaluó en tiempos de Néstor Kirchner, según lo reveló el entonces presidente del Central, Martín Redrado.
"No creo que vayan a meterse con cuestiones puntuales del sistema financiero. El depositante es muy sensible", aventuró un banquero, que pidió no ser identificado. En otro banco admitieron que un bono por un porcentaje del encaje, como el 30% -US$ 2000 millones-, podría pasar sin problema. "Otra cosa es si van por el 100% de los encajes. Ahí el riesgo de corrida sería grande", dijo.
Para Levy Yeyati, antes que los bancos, es más probable que el Gobierno recurra al sector minero, modificando la ley que le mantiene los impuestos congelados por 30 años. Jorge Gaggero, economista de Cefid-Ar, el think tank de la banca pública, incluye a la minería como una de las actividades a las que se le debería incrementar la carga impositiva. "En cuanto a lo fiscal, entre otras medidas, el gasto público deberá crecer a menor tasa; hay que abordar sin demoras el cambio de su estructura, reduciendo, por ejemplo, subsidios indebidos a empresas y personas de alto nivel de ingresos, y reforzar los recursos tributarios, con mejoras en la administración, haciendo retroceder la enorme evasión en Ganancias de personas y empresas, y gravando a las grandes rentas hoy exentas, como la minería", detalla Gaggero.
Los subsidios representan el 3,5% del PBI y es una de las cargas que gran parte de los economistas consideran que el Gobierno intentará alivianar. En un informe, Javier Kulesz, economista jefe para América latina del banco UBS, arriesga que el Gobierno liberará gradualmente, "sin darle mucha visibilidad", las tarifas de gas y electricidad. Las de transporte podrían mantenerse sin grandes cambios porque es más complicado segmentar al usuario según su nivel socioeconómico.
Habiendo recuperado la mayoría en el Congreso, es de esperar que el Gobierno aproveche para hacer reformas legislativas que habían quedado postergadas. Carlos Heller, diputado de Nuevo Encuentro, aliado al kirchnerismo, dice que impulsará su proyecto de reforma de la ley de entidades financieras y que también "en una nueva arquitectura legal" hay que apuntar a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, "para darle un rol más allá de la defensa del valor de la moneda"; a la revisión del sistema impositivo, "para alivianar el impuesto al consumo e ir hacia una mayor progresividad en los gravámenes que tienen que ver con la renta y el patrimonio", y a la sanción de una ley que limite la compra de tierras por parte de extranjeros. También ve con buenos ojos el proyecto del diputado kirchnerista y abogado de la CGT, Héctor Recalde, para que las empresas participen de las ganancias a sus empleados.
Mariano Kestelboim, director ejecutivo de la Fundación ProTejer y miembro de La graN maKro, grupo de economistas kirchneristas, considera: "Si la demanda interna se resiente por la crisis internacional, no está mal avanzar en la expansión del gasto como medida contracíclica". El foco, dice, debe ser mantener el nivel de actividad, no el evitar el déficit financiero, ya que un mayor crecimiento redundará luego en una mejor recaudación impositiva. Afirma que el déficit en cuenta corriente "obedece a la remisión de utilidades por parte de empresas extranjeras radicadas en el país", por lo que, para revertirlo, propone mayores controles y "programas que estimulen esas inversiones".
Con la designación del nuevo ministro de Economía no son pocos los que esperan obtener definiciones del rumbo del modelo. Aunque un economista cercano al Gobierno advirtió: "Nadie sabe qué se va a hacer. En definitiva, el poder no lo tiene el ministro de Economía o el Banco Central. Lo tiene Cristina".
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