Hay mafias dentro del gobierno K.

Que la ministra de Salud, Graciela Ocaña, esté recibiendo amenazas en los últimos tiempos es repudiable pero no sorprendente. Ocaña encaró, desde que llegó a su cargo, una investigación sistemática sobre las maniobras fraudulentas que se realizan desde hace años con la provisión de medicamentos al Estado y a las obras sociales. Merced a esas indagaciones se descubrieron adulteraciones en las drogas que se suministran a enfermos crónicos, se desbarató un régimen de exacción de recursos de la Superintendencia de Salud a través de expedientes apócrifos sobre enfermos inexistentes y se anularon caudalosos repartos de subsidios entre dirigentes sindicales. Era de esperar que el avance sobre algunas mafias enquistadas en el sistema sanitario provocara reacciones mafiosas.

Lo que resulta menos esperable es que esas reacciones no hayan recibido todavía una respuesta clara y contundente desde lo más alto del Poder Ejecutivo. El pronunciamiento de los principales responsables del Gobierno sería saludable por más de una razón. En principio, porque para una administración que dice haberse propuesto mejorar la calidad de las instituciones y volver más transparentes los procedimientos administrativos, el desbaratamiento de las redes de corrupción que se esconden en los pliegues de las instituciones sanitarias debería ser una prioridad y una bandera. En pocas áreas de la esfera pública cabe sospechar más irregularidades que en el sistema de salud.

Hay otro motivo, más específico, por el que cabría esperar una conducta más activa de la Presidenta y del resto del Gobierno en relación con las tenebrosas dificultades que encuentran las investigaciones de Ocaña. La ministra puso la lupa sobre un régimen corrupto del que formaron parte, por acción u omisión, importantes figuras de la actual administración. Las pesquisas sobre la provisión de remedios al sector público detectaron procedimientos poco claros de la gestión del antecesor de Ocaña durante la primera presidencia Kirchner. La distribución de subsidios por tratamientos con drogas de alto costo involucró a importantes sindicalistas aliados del oficialismo y al ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, que debió ser relevado de su cargo. Capaccioli fue el recaudador del matrimonio gobernante en campañas presidenciales que tuvieron como principales contribuyentes a las droguerías sospechadas de hacer negocios fraudulentos con la aparente complicidad de la Superintendencia. Esta urdimbre salió a la luz del modo más penoso: luego de que fue asesinado, se presume que por sus vínculos con el narcotráfico, uno de los empresarios que intervenían en aquellas operaciones irregulares.

Editorial IIInaceptables amenazas

El Poder Ejecutivo debería repudiar claramente las reacciones mafiosas contra su ministra de Salud, Graciela Ocaña

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lanacion.com | Opinión | S?do 13 de diciembre de 2008