La iniciativa propuesta por el Gobierno ha despertado serias suspicacias y graves contradicciones con la legislación nacional e internacional que previene y reprime el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Desde la oposición señalan que el "blanqueo" de capitales está diseñado para facilitar la repatriación de dinero sucio de empresarios vinculados al kirchnerismo de manera de seguir haciendo negocios. Tampoco faltan aquellos que señalan que la propuesta presentada es una puerta abierta a los evasores, testaferros, delincuentes y narcotraficantes. En este sentido, Elisa Carrió ha manifestado que las medidas dispuestas por la Casa Rosada sólo buscan favorecer a allegados del Gobierno con complicaciones impositivas.
En cuanto a las contradicciones con la normativa que combate el lavado de dinero cabe señalar que la más significativa es la que contempla el artículo 32 del proyecto remitido al Congreso.
Allí se establece que quienes adhieran al régimen "no estarán obligados a declarar la fecha de compra de las tenencias que se exteriorizan ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridos".
No obstante ello, el artículo 40 dispone que ninguna de las disposiciones liberará a las entidades financieras o demás personas "de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en las leyes especiales no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria".
Conocer y determinar el origen de los fondos es un supuesto fundamental dentro de la política internacionalmente conocida como "conoce a tu cliente". Y es, además, un punto clave en las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual forma parte la Argentina.
Esta dispensa, entonces, configuraría una grave contradicción con los postulados aceptados por la comunidad financiera global, comprometida en la lucha contra las organizaciones criminales.
Apartarse de los compromisos asumidos por nuestro país podría acarrear serias consecuencias, como, por ejemplo, acrecentar (si aún ello es posible) las dificultades para acceder a créditos de organismos multilaterales. Cabe señalar que la Argentina será evaluada por el GAFI el año próximo, oportunidad en la que se determinará el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Por otro lado, el proyecto determina que a los fondos repatriados o exteriorizados no les cabe la figura de la evasión tributaria o la participación en la evasión tributaria. Para el caso, este comportamiento deja de ser un delito. Quienes hubiesen sustraído fondos del control de la Dirección General Impositiva (DGI) quedarán liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, administrativa y profesional.
Esto, a pesar de que un informe del GAFI de 2007 reveló que el principal origen del dinero sucio en la Argentina es la evasión impositiva, la corrupción y el fraude y, por último, el lavado de dinero y a pesar, también, de que, en su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, el 25 de mayo de 2003, el presidente Néstor Kirchner prometió "traje a rayas a los evasores". Fue el mismo discurso con el que juró no abandonar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada.
Esta propuesta del Gobierno para blanquear capitales llamó la atención de los Estados Unidos. El embajador en la Argentina, Earl Anthony Wayne, expresó su confianza (nacida de una justificada preocupación) "en que la Argentina seguirá siendo un buen socio en este esfuerzo extremadamente importante". Agregó que espera que, si se aprueba una repatriación de capitales, "se respete desde el primer instante lo establecido por la ley antilavado de dinero".
Editorial IEl blanqueo de Kirchner
El proyecto del Gobierno choca con leyes y acuerdos internacionales, al tiempo que facilitaría el lavado de capitales
lanacion.com | Opinión | Jueves 4 de diciembre de 2008
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