Por Laura Serra | LA NACION
Obtener una banca en el Congreso le garantiza a cualquier diputado o senador nacional un paquete de importantes beneficios, además de la dieta mensual, recientemente aumentada en un ciento por ciento. Viajes al exterior con viáticos adicionales, reparto de cargos sin control, fondos para becas y subsidios de entrega discrecional, y la posibilidad de canjear pasajes por dinero en efectivo les permiten a los legisladores acumular un plus salarial que no sufre descuentos impositivos ni previsionales.
El Poder Ejecutivo había otorgado para este año a ambas cámaras, en promedio, un aumento del 40% en su presupuesto. Pero los diputados oficialistas, con apoyo opositor, incorporaron en la ley refuerzos en partidas destinadas a becas, subsidios y "gastos de funcionamiento" por un total de 67 millones de pesos.
El rubro "pasajes y viáticos" también experimentó una suba extraordinaria para este año: en el Senado trepó a 31 millones de pesos (30% de aumento), lo que implica 431.637 pesos por cada senador. En la Cámara baja, en tanto, este rubro trepó a 58,2 millones de pesos (un 38% más), es decir, 226.773 pesos por diputado.
Todos estos gastos -dietas, pasajes y viáticos, becas y subsidios- podrían hacer creer que los legisladores tienen dedicación exclusiva a su tarea parlamentaria para la cual fueron elegidos.
Pero, en rigor, no hay ley alguna que les impida ejercer una actividad privada en paralelo a la de diputado o la de senador. Esta posibilidad, facilitada por un régimen laxo de asistencia a las comisiones y a las sesiones, les permite a los legisladores percibir un doble ingreso, es decir, la dieta más una remuneración privada.
De hecho, buena parte de los diputados y senadores aprovechan esta posibilidad: según un relevamiento de la fundación Directorio Legislativo y de LA NACION, casi la mitad de los diputados con mandato hasta 2013 reciben un doble ingreso.
Un dato que contrasta con la justificación que esgrimió el martes pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, cuando estalló la polémica por el exponencial aumento de las dietas. Aquel día, dijo que la suba era necesaria porque los legisladores deben dejar sus actividades y vivir lejos de sus casas. "Si no, tenemos que dejar la política a ricos y ladrones", sentenció.
AGUJERO NEGRO
Conocer el destino de las pensiones, becas y subsidios que otorgan los legisladores es un misterio insondable, sobre todo en la Cámara baja.
A falta de información oficial, la diputada Laura Alonso (Pro) precisó a LA NACION que hasta el año pasado cada diputado recibía anualmente un cupo de 3000 pesos para repartir pensiones, las cuales son controladas por el Ministerio de Desarrollo Social. Los que no tienen control alguno son las becas y subsidios otorgados: el año pasado, cada diputado recibía un monto total de 13.000 pesos para becas, y otros 22.000 pesos para subsidios. Estos montos subirán este año a partir del refuerzo presupuestario que incorporaron los legisladores.
¿Quiénes son los receptores de este beneficio? En el Senado la información es clara y actualizada, pero en la Cámara de Diputados es imposible saberlo: la última publicación oficial al respecto data de 2008. La falta de transparencia es siempre invitación a trampa y la irregularidad y, si no, basta recordar aquel resonado escándalo del ex jefe de bloque menemista Jorge Matzkin, que gratificó a su madre con una pensión graciable.
Los viajes al exterior producto de las invitaciones que reciben los legisladores son, también, un misterio insondable: imposible saber qué diputados viajan, adónde y por qué motivo.
La misma diputada Alonso requirió esa información al anterior presidente del cuerpo, Eduardo Fellner, sin respuesta.
Lo que sí se sabe, en virtud de una resolución de 2006 a la que accedió LA NACION, es que la Cámara baja autoriza todo viaje que provenga de invitaciones de gobiernos o parlamentarios extranjeros u organismos internacionales, y que abona los viáticos respectivos por tres días. Sin embargo, la estadía puede ser mayor si así lo consiente el presidente del cuerpo, así como también el número de miembros de la comitiva. Un poder discrecional que distintos presidentes de la cámara supieron aprovechar.
También resulta libre de grandes controles el nombramiento de personal que puede realizar cada diputado y senador, un instrumento preciado que los legisladores utilizan políticamente.
Según pudo saber LA NACION a falta -otra vez- de información oficial, es que cada diputado recibió el año pasado un monto aproximado de 38.000 pesos para designar personal de planta permanente y transitoria de empleados legislativos a su despacho. Pero también puede recurrir a nombramientos precarios apelando a monotributistas -que cobran unos 3000 pesos mensuales-, lo que conformó un universo de trabajadores no registrados por lo que nadie sabe, a ciencia cierta, a quiénes responden.
Estos puntos oscuros, la falta de transparencia y de información pública sobre la ejecución de los gastos parlamentarios afectan la imagen parlamentaria, según admiten en varios bloques de la Cámara, incluso del oficialismo.
El Congreso, el órgano de control por excelencia sobre los otros estamentos del Estado, evita todo control de sus propios gastos. Sin ir más lejos, la Auditoría General de la Nación (AGN), que pertenece al Congreso, jamás auditó al Senado ni a la Cámara baja sencillamente porque los legisladores nunca incluyeron esta auditoría en su plan de acción.
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