El desafío de 2012

El mundo recibe el año que comienza con una expectativa no exenta de inquietud en materia económica. Nuestro país comparte esa expectativa con el resto del mundo y afronta también el desafío más arduo de preservar las instituciones, la independencia de los poderes y el derecho a la libre expresión.

Es sabido que la crisis que afecta a Europa inevitablemente repercutirá en el resto del planeta y la Argentina, desde ya, no escapará a esas consecuencias, a las que se suma la caída experimentada en los últimos meses por el precio internacional de la soja.

Por desgracia, además, el crecimiento de nuestro PBI, que ha sido de entre el 8 y el 9 por ciento durante el año que ha terminado, descendería según las estimaciones del propio presupuesto nacional, a alrededor del 5 por ciento. A ello hay que agregar el fuerte impacto que tendrá la quita de los subsidios a los servicios públicos y que inevitablemente incidirá en forma negativa en una tasa de inflación ya de por sí muy elevada, que está desatando una incipiente pugna distributiva. El gobierno nacional aspira a que, en promedio, los incrementos salariales no superen en 2012 una banda que vaya del 18 al 20 por ciento, pero las demandas sindicales podrían ser superiores.

Lejos de querer alimentar el alarmismo, la enumeración de estos factores sólo pretende ilustrar desde un punto de vista realista los desafíos económicos que nos planteará este 2012 que apenas asoma. Sin embargo, por graves que parezcan, las dificultades económicas que, con distinta intensidad y características afrontarán también otros países junto con el nuestro, no son las más preocupantes. Las que más peligro entrañan, en cambio, son las claras señales del endurecimiento del sesgo autoritario del Gobierno, que se advierten, por ejemplo, en el paquete de leyes que, con toda premura, impulsó el Poder Ejecutivo al concluir 2011, casi sin debate parlamentario.

Entre ellas se encuentra la que coloca a la empresa Papel Prensa al borde de la confiscación, con el consiguiente peligro de intentar asfixiar al periodismo independiente retaceándole el papel que necesita para seguir expresándose. Como ha informado La Nacion, nada justificaba la necesidad de esa ley, nada sino la necesidad del Gobierno de continuar su arremetida contra el periodismo crítico.

En la misma línea se inscribe la llamada ley antiterrorista, que por la deliberada vaguedad de sus términos permitiría -y así lo han anticipado algunos funcionarios- no sólo perseguir a quienes pretendan comprar dólares o manifestarse contra el Gobierno, sino una vez más, al periodismo que ose criticar al oficialismo y alertar a la población sobre los riesgos que corre la economía.

En este cuadro tampoco puede dejar de mencionarse la actitud más que condescendiente con el Poder Ejecutivo de varios jueces, actitud que se ha traducido en sobreseimientos a funcionarios y ex funcionarios en sonados casos de corrupción -a veces acompañados por la falta de apelación de los fiscales- y en francos atropellos sin sustento legal, como ha ocurrido con la arbitraria inhibición de bienes que sufre este diario y con el allanamiento realizado a Cablevisión.

Al mismo tiempo, y a juzgar por sus declaraciones juradas de bienes, continúa el enriquecimiento de los funcionarios y, en forma paralela, la constante pérdida de poder, independencia y eficacia de los órganos de contralor.

Se trata, en conjunto, de graves amenazas a las instituciones y al régimen republicano. El Congreso no puede reducirse a un sello de goma aplicado mecánicamente al pie de los proyectos de leyes del Poder Ejecutivo. Las leyes no pueden surgir de un trámite parlamentario en el que no se escuche la voz de la oposición, aunque ésta sea minoritaria, ni pueden, muchas de esas leyes, resultar intrínsecamente inconstitucionales. La Justicia no puede convertirse en un apéndice de la Casa de Gobierno, y el periodismo no puede depender de la voluntad oficial para disponer del papel que necesita para expresarse.

Tarde o temprano, las crisis económicas se superan, y nuestra historia reciente ha dado prueba de ello en más de una oportunidad. En cambio, mucho más difícil y trabajoso resulta desandar el camino cuando se vulneran la división de los poderes del Estado y las garantías constitucionales. Y más complejo aún resulta si se pretende acallar las voces independientes que advierten sobre esos avasallamientos.

Tal vez sea ése el gran desafío del año que nace, y que compete a todos, oficialismo y oposición: cobrar conciencia cabal de que está en juego la salud de las instituciones y recapacitar