Un sistema que ya no se puede sostener

Por Diego Cabot | LA NACION
El Gobierno empezó ayer a desarmar el nudo más grande que tiene la economía argentina: los subsidios cruzados, discrecionales y muchas veces injustos a los servicios públicos. Lo paradójico es que semejante maraña que ahora parece imposible destejer fue construida por el mismo gobierno desde 2003.

El anuncio tuvo los condimentos que caracterizan generalmente al mundo gestual kirchnerista: mucho énfasis y no tantos efectos prácticos. El ahorro fiscal proyectado por las facturas de luz, gas y agua a precio real que pagarán ciertos rubros es de $ 600 millones por año, apenas un 0,8% de los 75.273 millones que se presupuestó como subsidios al sector privado para 2012.

Ayer nadie sabía a ciencia cierta cómo va a ser el esquema de cobro, y menos aun cómo llegará el Gobierno a ver el resultado en las cuentas fiscales. El entramado regulatorio que rige los servicios públicos es inabordable para muchos, incluso para expertos que trabajan con las propias compañías.

Tan complicado es que no es posible hacer una norma general sino que será necesario ir sector por sector o, a veces, empresa por empresa. El consumo de agua, por ejemplo, no está subsidiado; lo que sí es pagado por el Estado es el déficit de la empresa Aguas y Saneamiento (AySA). El año pasado, la empresa que presta servicio en la Capital Federal y en 24 partidos bonaerenses necesitó $ 2824 millones para financiar su déficit; para el año próximo, el presupuesto que se envió al Congreso ya separó $ 4769 millones para que la empresa que maneja Carlos Ben mantenga su equilibrio. Durante estos años, pocos se fijaron en el aumento de los costos laborales, especialmente, que registró AySA. Ahora, cuando el dinero fiscal parece empezar a quedar corto, el Gobierno decide que sean algunos usuarios elegidos a dedo los que aporten para sostener la compañía.

Algo similar ocurre con el gas. Pese a lo que dice el Gobierno, no hay subsidios directos a los usuarios. Lo que sí existe es un descomunal giro de fondos públicos que van destinados a comprar gas importado en épocas de mucha demanda para ser entregado a la red de gasoductos. La Argentina perdió el autoabastecimiento energético con el kirchnerismo y fue el Gobierno el que decidió comprar combustibles en el exterior antes de dar señales de precios que motorizaran la inversión a los productores locales, a los que les congeló el valor hace años. Pocos advirtieron que allí se gestaba una bomba que sólo aplazaba su explosión a fuerza de dinero.

Ahora el dinero menguó y la decisión que tomó el Gobierno es que esos pesos empiecen a ser aportados por algunos usuarios. Pero para que eso suceda la distribuidora de gas debería cobrar el dinero a sus clientes y depositarlo a nombre del Estado nacional en una cuenta. Así, el cheque a nombre de los vendedores de gas del exterior se confeccionará parte con dinero público y parte con el aporte de los usuarios. Anoche, dos abogados especialistas en regulaciones económicas no entreveían otra forma de instrumentar esto que no sea con la implantación de un nuevo cargo específico que convierta a las distribuidoras en agentes de cobro.

AVIONES PARA TODOS

Y así se podría seguir sector por sector. Por ejemplo, con el transporte aéreo. El Gobierno, con gran apoyo de parte de la oposición, decidió expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral al Grupo Marsans y dejarlas en manos del Estado.

Más allá de que la estatización nunca se formalizó y las acciones siguen siendo de Marsans, desde julio de 2008 el fisco sostiene el déficit operativo de la empresa que maneja Mariano Recalde con un fuerte acompañamiento de varios referentes de La Cámpora.

Para este año se estima que, para que los aviones de la aerolínea de bandera vuelen, el Estado deberá aportar 2091 millones de pesos. Para el próximo, la cuenta subirá un 19%, a $ 2488 millones. Cabe preguntarse entonces si ese monto es subsidio o financiamiento del déficit. Si es el primero, se estaría subsidiando fuertemente a los usuarios de aviones, que suelen coincidir con la porción social de más recursos. Y si es financiamiento del déficit, habría que reescribir la historia reciente y hacer justicia con el gobierno de Raúl Alfonsín, que sostuvo todas las empresas públicas a fuerza de financiar el déficit en sus cuentas. Nadie hablaba entonces de que se subsidiaban todos los servicios públicos. Lo que sí se decía era que, cada vez más, el déficit de estas empresas ciertamente ineficientes era insostenible.

Con los ferrocarriles y el subte porteño sucede algo similar. Las empresas concesionarias son gerenciadoras de un sistema que maneja y sostiene el Estado con fondos públicos. Las actuales tarifas cubren aproximadamente el 20% del total del sistema, el resto lo paga el Estado. ¿Cómo se llegó a ese número? En principio, por la decisión del Gobierno de mantener las tarifas congeladas pese a que gran parte de los usuarios son de clase media. Pero también, dejando que funcionarios, empresarios y sindicalistas hagan de las suyas con dinero de todos.

Una vez más serán los usuarios los que paguen por la recurrente ineficiencia argentina para manejar sus servicios públicos.