miércoles, 2 de noviembre de 2011

El problema es político

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION
La solución se convirtió en problema. El conflicto es ya, entonces, más político que de cualquier otra naturaleza. Una presidenta del Banco Central que encabeza un directorio formado con retazos de viejas influencias. Un jefe de Gabinete y un ministro de Economía que aseguran que una resolución oficial no dice lo que dice. Un ministro de Economía (y vicepresidente de la Nación electo) que desconfía de la eficiencia de la presidenta del Banco Central. Un secretario de Comercio Interior que resolvió clausurar la venta de dólares para que la venta de dólares no sea un contratiempo. "Vamos camino a la morenización del tipo de cambio", señaló ayer un kirchnerista afligido.

¿Qué significaría la morenización del dólar? Significaría llevar al mercado de cambios la fórmula con la que Guillermo Moreno combatió la inflación. Hay una inflación oficial, la del Indec, que ya nadie tiene en cuenta, y hay una inflación real, que es la que aceptan en los hechos todos los argentinos, empezando por los sindicatos que se autoproclaman kirchneristas. Podría suceder que en adelante se consolide también la existencia de un dólar oficial y de un dólar paralelo, aunque ese desdoblamiento en la realidad del tipo de cambio terminará por afectar las reservas argentinas. Es más que previsible un freno importante en la liquidación de divisas por exportaciones.

La economía argentina venía con problemas, pero para todos había soluciones más serenas y menos dramáticas. El Banco Central tiene todavía reservas, la crisis económica internacional no llegó aún a la Argentina y los precios de las materias primas (las que vende el país, sobre todo) no han bajado considerablemente. El Gobierno debía enfrentar un muy elevado gasto público, la inflación que no se soluciona desde hace cinco años y el ritmo creciente de la devaluación brasileña. Debía, en fin, desarmar una potencial tormenta y no desatar una tormenta.

Una parte del problema está en la centralización de las decisiones. La Presidenta dispone sobre el tipo de cambio consultando a siete funcionarios al mismo tiempo, pero es ella la que tiene la última palabra. "La Presidenta es la jefa de la mesa de dinero del Banco Central", aseguró una fuente oficial. La mesa de dinero del Banco Central es la que resuelve cuántos dólares de las reservas se van a sacrificar cada día para mantener el precio del dólar. Esa decisión correspondió siempre al jefe de la mesa en consulta con el presidente del Banco Central. Para peor, la presidenta del Banco, Mercedes Marcó del Pont, es una funcionaria débil que está a tiro de decreto: el Senado nunca le dio el acuerdo para desempeñar el cargo.

En una sola certeza existe coincidencia entre las diversas franjas de la administración: sus referentes están convencidos de que la culpa del problema es de los diarios. La salida de capitales comenzó a agravarse en abril pasado y alcanzó la cima en agosto y septiembre, cuando se fueron 3700 millones de dólares mensuales. Los diarios sólo registraron la novedad en su resultado final; es decir, la salida de dinero del circuito financiero se hacía a escondidas hasta de los propios periodistas. Amado Boudou ha sido el principal vocero de esa mirada conspirativa, que tiene siempre una buena recepción en los oídos presidenciales. La conspiración supuesta impide reconocer la autenticidad de los problemas. Este es el principal problema político del Gobierno.

La intensa interna en el oficialismo es un teatro con los personajes cambiados. Marcó del Pont está tomando decisiones para frenar una devaluación cuando sus principales apoyos políticos vienen de los empresarios que aspiran a una devaluación. "Hay distintos tipos de cambio", se limitó a señalar el presidente de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren, cuando se le preguntó por la solución que promovía la entidad que dirige. Precisó que la entidad está en contra del desdoblamiento del tipo de cambio, aunque aceptó que hubo manifestaciones de directivos de la Unión Industrial que se interpretaron en ese sentido.

Boudou es, a su vez, un hombre probadamente audaz. Salió a respaldar medidas polémicas e impopulares, cuyo destino es imprevisible, cuando ya no es sólo un ministro de Economía, sino el próximo vicepresidente de la Nación. Su adversaria es Marcó del Pont, a quien él querría ver fuera del cargo. Su candidato para sucederla, dicen los que conocen el campo de batalla, es el actual presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega, un viejo amigo de Néstor Kirchner que es reconocido por su conocimiento del sistema financiero. De muy bajo perfil, Fábrega solía hacer las veces de asesor económico en la sombra de Kirchner.

En el medio se metió Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP, que les dio argumentos a todos (a Boudou, fundamentalmente) para decir que las medidas que bloquearon el mercado cambiario eran sólo para impedir el lavado de dinero y la circulación de plata negra. Es una lucha con la que el Gobierno viene en deuda desde hace mucho tiempo. Pero ¿por qué necesitarían bloquear la compra de dólares cuando los pesos salen de una cuenta de salarios, que la AFIP controla por otros medios? ¿Eso es combatir el lavado?

Frente a los intervencionistas Moreno y Marcó del Pont, la línea más racional dentro del Gobierno parecen corporizarla, a pesar de todo, el propio Boudou y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. Boudou actúa a veces posiciones públicas que no defiende en la intimidad del Gobierno. Un sector importante de la administración escuchó a Boudou afirmar, seguro, que Lorenzino será su sucesor al frente de la cartera económica. Falta la única decisión que vale: la de Cristina Kirchner.

Boudou y Lorenzino promueven una línea de reconciliación con los mercados financieros internacionales. Creen que un acuerdo con el Club de París por la deuda en default le abriría al país las puertas de esa pacificación con el mundo del dinero. El Club de París necesita de la auditoría del Fondo Monetario Internacional, que se reduciría sólo a la revisión anual a la que, en rigor, están sometidos todos sus países miembros. La Argentina de los Kirchner se negó a esa revisión porque el Fondo está impugnando cada vez con más severidad al Indec de Moreno, como objetaría ahora la morenización del mercado de cambios.

El problema de Boudou y de Lorenzino (y de la Presidenta, en última instancia) es que Moreno es incompatible con la reconciliación con los mercados financieros y con cualquier versión moderna de la economía y del mundo. Ese es también un problema más político que económico.

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