Desaliento a la creación de empresas

Editorial La Nación
Un informe del Banco Mundial, denominado "Doing Business 2012", revela que instalar una empresa en la Argentina es un trámite lento, engorroso, costoso y deficiente.

El país está ubicado en el puesto 113° sobre 183 naciones relevadas para ese ranking, que estudia las regulaciones a las que los nuevos emprendimientos se ven sometidos, por ejemplo, respecto de la apertura del negocio, el costo y el pago de impuestos y la definición de insolvencia.

Las trabas burocráticas a las que se enfrentan los emprendedores privados en nuestro país van desde el exceso de trámites hasta el tiempo en que demora una habilitación. Un caso llamativo lo representa la obtención de un permiso de construcción. En ese rubro, la Argentina se encuentra en el puesto 169°. Ese trámite requiere aquí 25 procedimientos, tarda 365 días y cuesta el equivalente al 107,7 por ciento del ingreso per cápita, según el estudio del Banco Mundial, realizado entre julio de 2010 y junio de este año.

Si se tiene en cuenta que en cualquier lugar del mundo la apertura de un negocio es un hecho bien recibido por las autoridades, cuesta aceptar que en la Argentina subsistan tantas trabas burocráticas.

Y no se trata de introducir grandes cambios, sino de otorgarles practicidad. Uruguay, por caso, dio un enorme salto, del puesto 107° al 90° en un año sólo con dos reformas de poco costo y gran utilidad: mejoró su sistema de información crediticia con una aplicación online que facilita el acceso a informes de bancos y de otras empresas, y estableció una ventanilla única para los emprendimientos comerciales.

También Chile mejoró su performance y pasó del puesto 41° al 39°, al conceder una licencia temporal para trabajar a las empresas nuevas. El carácter inmediato de ese permiso se suma a la publicación online y gratuita del anuncio de su constitución.

Entre los países de la región que aventajan a la Argentina, se encuentran además Colombia, que se ubicó en el puesto 42°; Perú, en el 41°, y Paraguay, en el 102°. Y, en el mundo, una de las naciones que mayores y mejores cambios produjo fue Singapur, donde la apertura de un negocio demora tres días, con apenas tres trámites y un costo del 0,7 por ciento del ingreso per cápita. En la Argentina, en tanto, el mismo propósito insume 26 días, 14 procedimientos y un costo del 11 por ciento respecto del producto por individuo.

Achicar esta brecha que coloca a nuestro país compitiendo por la cúspide de las trabazones burocráticas es importante desde varios puntos de vista: en primer lugar, porque facilitar el ingreso y la consolidación de nuevos emprendimientos no sólo importa un beneficio para una parte del sector privado, sino que contribuye a afianzar el proceso económico de una nación. Por otro lado, porque cuantas más dificultades encuentre la actividad empresarial, mayor será la tentación de esquivar esas trabas y, con ello, se corre el riesgo de fomentar el crecimiento de la economía informal.

La baja de la brecha de la pobreza, directamente vinculada con una mayor inversión, y la consecuente creación de nuevos puestos de trabajos es otro dato no menor.

Tal vez en nuestro país, con su exceso de desconfianza en los privados, el Gobierno se esté privando de afianzar ese sector de la economía formal que tantos buenos réditos ha demostrado saber crear.

Tal desconfianza se ha visto exacerbada en los últimos tiempos en otras áreas. Los potenciales compradores de dólares, por ejemplo, son auscultados hasta el cansancio para determinar si resultan meritorios para proteger sus ahorros, mientras que los consumidores residenciales de servicios de agua, luz y gas deberán llenar una declaración jurada que será cruzada con las fuentes de datos estatales para que el Gobierno analice si les mantiene los subsidios que él mismo creó, pero que ahora necesita quitar.

Creer en el potencial de individuos y empresas es básico. Controlarlo es necesario. Obstaculizarlo es un enorme error.