Por Adrián Ventura | LA NACION
Las elecciones del domingo posiblemente produzcan un efecto muy fuerte sobre el funcionamiento de todo el sistema institucional: el Gobierno tendrá fuertes incentivos para conducir la gestión por los bordes mismos de la Constitución.
Esto no quiere decir, necesariamente, que el resultado de la próxima gestión de gobierno vaya a ser bueno o malo: quiere decir, sí, que la presidenta Cristina Kirchner conducirá un auto que se quedó sin frenos (institucionales), con los riesgos que eso conlleva. En definitiva, dependerá de la voluntad de la primera mandataria ponerse límites a sí misma. ¿Quién más se los podría colocar? Veamos:
El Gobierno tendrá mayoría en ambas cámaras del Congreso y, también, presidirá las comisiones legislativas, donde se realiza la parte más minuciosa y negociadora de la labor parlamentaria.
Los partidos de la oposición, por su parte, no sólo estarán en minoría en el recinto de las cámaras y en las comisiones -como ocurrió en otros períodos de la historia-, sino que esa minoría reflejará, además, la situación de extrema fragilidad e internismo en que quedarán colocados esos partidos. Los pases de factura y las búsquedas de nuevos liderazgos no contribuirán, previsiblemente, a una conducción uniforme de esos bloques.
Normalmente, en este contexto, la Presidenta no tendrá incentivos para gobernar por decretos de necesidad y urgencia. Todo lo que envíe al Congreso le será otorgado. Pero la situación mostrará la debilidad del Congreso.
Si los organismos de control, como la Auditoría General de la Nación -que seguirá presidida por la UCR, primera minoría-, poco pueden hacer ahora para controlar el poder, menos aún podrán hacer algo a partir de diciembre próximo.
Frente a este escenario, en el que el Poder Ejecutivo concentrará casi todo el poder, ¿qué margen podrán tener los jueces en asumir ese rol? Muchos jueces son tan sensibles al calor del poder como los más diestros políticos. La Corte y unos pocos magistrados deberán colocar sobre sus espaldas la tarea de controlar los excesos, una labor que, a todas luces, no es sencilla de realizar. ¿Cuánto hace que no se declara inconstitucional alguna norma? Hace mucho tiempo. No cabe esperar, entonces, que la Justicia pueda depararle, en los próximos meses, alguna sorpresa a la Presidenta.
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