La caída en los ingresos por retenciones es consecuente con la fuerte disminución de los precios internacionales de los productos agrícolas. El producido de otros impuestos expone también estancamiento o contracción debido al enfriamiento de nuestra economía. La comparación con las cifras del mismo mes del año anterior muestra un aumento menor al de la inflación real, lo que pone en evidencia el debilitamiento del crecimiento físico de la economía. La recesión local será una realidad con la que probablemente se deberá convivir en los próximos meses. También parece insoslayable una reducción de las exportaciones agrícolas, lo que ya es una realidad en el caso de la cosecha fina como consecuencia de la sequía y del menor uso de agroquímicos por efecto de la disminución de los márgenes de rentabilidad.
La preocupación del gobierno nacional por las dudosas perspectivas fiscales se viene observando desde fines de 2007. El aumento del gasto a tasas mayores que las de los recursos hizo prácticamente desaparecer el superávit financiero en el último trimestre de dicho año. El proceso del crecimiento de los gastos e ingresos públicos se había iniciado en 2003 y ha transcurrido sin pausa hasta hoy. La presión tributaria ha alcanzado niveles históricos inéditos. Si se suman los ingresos de la seguridad social y la recaudación de provincias y municipios, dicha presión se eleva a alrededor del 33 por ciento del PBI, extraordinariamente alta en comparación con la de países de desarrollo similar.
Ante las difíciles perspectivas fiscales, el Gobierno reaccionó en noviembre de 2007 con un aumento de las retenciones, que se mostró insuficiente. Por ello intentó insistir en esa receta en marzo pasado, con la famosa resolución 125. Allí se topó con el límite del Congreso y el recordado voto "no positivo" del vicepresidente Julio Cobos. Pero el Poder Ejecutivo no cejó en la búsqueda de alternativas para satisfacer su necesaria voracidad fiscal. El siguiente golpe fue el de la confiscación de los fondos administrados por las AFJP y la transferencia lograda por ley, de todos los aportantes al sistema de reparto. La voracidad fiscal llevó a pasar por encima el derecho de propiedad y de la libertad de elegir. Las evaluaciones realistas dicen que esta medida no resolverá totalmente las necesidades de pagos de 2009 debido a las restricciones en el uso de los fondos confiscados y a la caída de la recaudación de las retenciones y los impuestos tradicionales.
Cuando aún no había sido reglamentada esta reforma del sistema previsional, la Presidenta anunció nuevas medidas que, por un lado, apuntan a lograr recursos adicionales para el Gobierno y, por el otro, a aumentar el gasto con fines de reactivación productiva.
El blanqueo y la moratoria impositiva persiguen mayor recaudación, aunque se los presentó argumentando objetivos de carácter económico o social. Quienes saben observar el fenómeno fiscal advierten claramente la carrera entre el gasto público, que crece sin pausa, y los recursos que ahora se debilitan. Se requiere, por lo tanto, ingenio y audacia de los administradores públicos para encontrar espacios nuevos de recaudación. En esta carrera intervienen también los gobiernos provinciales, que desde la devaluación de 2002 perdieron espacio frente al gobierno nacional en la coparticipación de los nuevos recursos fiscales. Las provincias más importantes y la ciudad de Buenos Aires están legislando sobre nuevos tributos o el aumento de los existentes. Simultáneamente ha comenzado el reajuste de los precios de los servicios públicos, que después de varios años de congelamiento necesitan recuperarse para reducir la explosiva partida presupuestaria de subsidios y para permitir inversiones que eviten su colapso. Los contribuyentes se ven así sometidos a fuego cruzado y con la sensación de que, ante la crisis económica y el riesgo de la pérdida del empleo, la política económica no les trae alivio sino lo contrario.
El segundo paquete de medidas anunciado por la Presidenta se refiere a un programa de obras públicas y a líneas de financiamiento del consumo. Se estarían empleando los fondos de la Anses obtenidos de la jubilación privada, aunque surge la duda de que pueda haber excedentes disponibles para ese fin. El Gobierno intenta operar en el sentido reactivante con que están transitando gobiernos de otros países ante el inicio del ciclo recesivo, pero podría serle imposible por falta de recursos y de acceso al crédito, o bien debiera intentar aumentar aún más la ya excesiva presión impositiva.
Editorial IDebilidad fiscal, voracidad impositiva
Se observa una carrera despareja entre un gasto público que no para de crecer y recursos genuinos en caída
lanacion.com | Opinión | Lunes 8 de diciembre de 2008
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