El juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Stornelli (quien pidió licencia hace un año para convertirse en funcionario del gobierno bonaerense) habían relevado una cantidad de indicios suficientes para citar a indagatoria a unos 200 gremialistas. Pero los jueces de la sala 3 de la Cámara de Casación cambiaron la carátula de peculado por la de defraudación y, de ese modo, determinaron que el delito había prescripto. Ahora, el éxito de las investigaciones depende de que la Corte Suprema acepte la apelación del fiscal de Casación Penal.
Los dispositivos procesales podrán servir para que la dirigencia sindical, convertida en una verdadera casta gracias al control monopólico de la representación de los trabajadores, pueda sustraerse una vez más de la Justicia. Pero ningún argumento técnico servirá para despejar la sospecha moral que pesa sobre ese estamento. Los gremialistas están haciendo en estos días todo lo que está a su alcance para demoler todavía más su prestigio. Las movilizaciones de trabajadores han sido sustituidas en la Argentina por grescas entre hordas que terminan en asesinatos, como el ocurrido el miércoles pasado en Rosario.
También hay otras muertes, al parecer vinculadas a brumosas operaciones económicas, como la de Abel Beroiz, el dirigente a quien Hugo Moyano confiaba las finanzas de la Federación de Camioneros. El propio Moyano ofrece periódicos ejemplos de ejercicio de la violencia. Su última manifestación fue el bloqueo a la expedición de LA NACION y Clarín. Quien intentó impedir de ese modo la circulación de la prensa es el secretario general de la Confederación General del Trabajo, pero ningún dirigente sindical desautorizó esa conducta de su máximo líder.
La posibilidad de que se frustren las investigaciones por el destino de los 285 millones de dólares distribuidos entre las obras sociales profundizará las sospechas en vez de despejarlas. No sólo porque hay infinidad de pruebas que demostrarían que los fondos recibidos fueron desviados hacia otras aplicaciones, en muchos casos al enriquecimiento personal, a través de consultoras y empresas fantasma.
La razón más poderosa por la cual las acusaciones contra los principales dirigentes de importantes sindicatos resultan verosímiles es que esos mismos gremialistas han sido puestos bajo la lupa de la Justicia y del Ministerio de Salud por otras malversaciones que, se presume, siguen realizando en estos días con fondos destinados al subsidio de la salud. Ahora, la exacción de los recursos de los trabajadores no se llevaría a cabo a través de empresas de consultoría, sino mediante expedientes fraguados que se presentan en la Superintendencia de Salud para cobrar subsidios. El affaire de las droguerías ligadas al tráfico de efedrina desató este otro escándalo.
En síntesis, los dirigentes sindicales habrían insistido en sus prácticas hasta estos días, a pesar de que los jueces los estaban investigando por hechos similares cometidos hace más de una década. Sólo la certeza de que se es impune puede inspirar semejante perseverancia en la inconducta.
Hay un fenómeno que vuelve más inquietante este estado de descomposición política y moral de las cúpulas sindicales. Es el hecho de que su máximo representante, el camionero Moyano, es invitado a formar parte de la escena oficial, casi a diario, por las más altas autoridades de la Nación. Esto inspira otras sospechas: por ejemplo, que el pronunciamiento de la Cámara de Casación haya estado estimulado o sugerido desde algún despacho público. Si fuera ése el caso, el país estaría ante una especie de amnistía para un régimen de corrupción que seguirá envileciendo el sistema de salud y el orden sindical. Sólo faltaría que la paz social a la que aspira el Gobierno en medio de una recesión que promete ser gravísima esté cimentada en pactos extorsivos en los que también quede involucrado el Poder Judicial.
Tampoco en esta esfera de la vida pública tendría consecuencias saludables un fallo que consagre la inmunidad penal del sindicalismo. Si algo se había comprometido a promover la actual administración en su marcha hacia el poder era la reparación de la Justicia en sus valores. Miles de trabajadores se verán privados de una vindicación judicial si no se pone fin al saqueo del sistema de salud. Al de antes y al de ahora.
Editorial IImpunidad sindical
Se presta a suspicacias el fallo de Casación que benefició a 200 sindicalistas acusados de malversar 285 millones de dólares
lanacion.com | Opinión | Martes 9 de diciembre de 2008
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