En parte es cierto, pero también hay que dejar en evidencia a los responsables, para que los fracasos no se repitan indefinidamente. En la Argentina, los políticos tienen éxito en llegar al gobierno, pero fracasan a la hora de gestionar o no tienen excesivo interés en hacerlo.
Lorenzetti anticipó a LA NACION que la Corte Suprema planea dictar el lunes próximo una acordada para agilizar las causas de derechos humanos y que requerirá la colaboración de los demás poderes del Estado. En su conversación nunca perdió el tono conciliador.
El mensaje que él y la Corte intentan difundir es que todos los órganos de poder tienen una política clara y decidida a la hora de propiciar el castigo de quienes violaron los derechos humanos, pero ante los problemas que surgen, en lugar de cruzarse culpas, deben hallar soluciones. La idea es correcta, especialmente cuando proviene de quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
Si bien la idea es correcta, quizá sea una de las más difíciles de ejecutar para la Argentina.
El país gastó tres cuartas partes del siglo XX en aprender el valor de vivir en democracia, pero no aprendió todavía que es valioso mejorar las instituciones.
En este punto, la Corte parece estar más avanzada que el resto de los poderes.
Lo que ocurre con los juicios de derechos humanos es un ejemplo más de una larguísima lista de desaciertos o errores.
Los políticos argentinos son tenaces y exitosos para llegar al gobierno e, incluso, para anunciar medidas, pero fracasan a la hora de gestionar su ejecución. En todos los ámbitos y en muchos momentos históricos se notó esa deficiencia y el gobierno de Cristina Kirchner -al igual que el de su predecesor, Néstor Kirchner- no es la excepción.
Hay datos objetivos e inocultables de que hubo, en materia de derechos humanos, la voluntad política de investigar los años de plomo.
En 2003, el ex presidente Néstor Kirchner reavivó la reapertura de esos casos -aunque olvidó impulsar el castigo de las organizaciones terroristas-; el Congreso invalidó las leyes del perdón; la Corte fue la primera en asumir la consigna de Kirchner, por lo cual declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad e invalidó aquellas normas y los indultos, y, finalmente, los jueces volvieron a investigar aquellos años oscuros.
Pero de allí hasta ejecutar correctamente esa política hay un trecho enorme. Los anuncios y decisiones no alcanzan.
El Gobierno y el Congreso son responsables de dotar de presupuesto al Poder Judicial para mejorar su funcionamiento. Hace dos años, Néstor Kirchner fustigó públicamente a la Casación penal por las demoras y culpó a uno de sus jueces, Alfredo Bisordi. Pero Bisordi ya no está en su poltrona y la Justicia sigue lenta. Está visto que el látigo del discurso político de un presidente puede ser efectista, pero no sirve para buscar soluciones.
Por su parte, la Justicia debería revisar su propio funcionamiento, para revisar sus numerosos errores, que los tiene. Morosidad, falta de contracción al trabajo, viejos vicios burocráticos y otras fallas conspiran contra el éxito.
Temas de justiciaGestionar un país es más arduo que criticar
Por Adrian Ventura
lanacion.com | Política | Mi?oles 24 de diciembre de 2008
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