Comprar un cero kilómetro con una cuota que se actualizará según el precio de la unidad no parece un riesgo fácil de asumir.

Lo que se anunció primero como un plan para mantener lo más alto posible el nivel de actividad, producción y empleo en las automotrices derivó ahora en una extraña iniciativa para que compren un automóvil barato quienes hasta ahora nunca pudieron hacerlo. Parece difícil no sospechar una intención electoralista en este esquema, cuyo punto más discutible es que se obliga a la Anses, es decir a los actuales y a los futuros jubilados, a entregar un subsidio a quienes tomen crédito para comprarse un cero kilómetro, que hasta puede estar fabricado en Brasil.

Si el matrimonio Kirchner cree, como dice, en la distribución del ingreso y en el efecto benéfico de un aumento del consumo, ¿por qué entonces no optó por aumentar las jubilaciones con los recursos de la Anses, que parece poder darse el lujo de asumir pérdidas en favor de los compradores de automóviles cero kilómetro?

De paso, podrían haber cumplido con la obligación que les impuso la Corte Suprema y que han esquivado constantemente, acumulando una deuda que más temprano que tarde caerá, por sentencias, también sobre las cuentas públicas. Los Kirchner se niegan a actualizar los haberes jubilatorios que superaban en 2003 la mínima, según la sentencia de la causa Badaro. Y han dejado pasar otra muy buena oportunidad de hacerlo.

Habrá que ver si las promesas de financiación sirven para que los sectores medios asuman la cuota, los gastos de patente, seguro y combustible, y enfrenten crecientes costos -de estacionamiento, por ejemplo- en ciudades como la de Buenos Aires, que se empeña en desalentar el uso del automóvil.

En un contexto de incertidumbre, comprar un cero kilómetro con una cuota que se actualizará según el precio de la unidad no parece un riesgo fácil de asumir. En cambio, ¿no gastarían más los jubilados si recibieran una actualización del haber? Ese consumo adicional, ¿no generaría también más recaudación impositiva?

Con la confiscación de los ahorros acumulados en las AFJP, el Gobierno destruyó la confianza y puso en peligro el pequeño mercado de capitales argentino.

Ahora, al utilizar los recursos de los aportes personales que antes manejaban las AFJP no se está agregando una nueva capacidad prestable. Esa masa de recursos ya iba antes a financiar tanto a los privados como al Estado. Ahora la suma no sólo no será mayor, sino que hay dudas de la eficiencia y transparencia con la que será manejada.

Si hay un comité estatal que evaluará a quién se la da crédito y a qué tasas, entonces todo es riesgo público. En realidad, la Anses se habría transformado en el banco más grande del país que, temerariamente, no estaría bajo el control del Banco Central.

Si un comité decide a quién hay que prestarle y a quién no, ¿quién pagará los platos rotos cuando uno o muchos deudores no paguen? ¿Los bancos privados que intervengan deberán asumir el quebranto, o bien dirán que el Gobierno les dijo lo que debían hacer y, por lo tanto, las pérdidas son estatales?

En ese comité estarán representados el Ministerio de Producción, es decir, Débora Giorgi, y la Secretaría de Comercio Interior, es decir, Guillermo Moreno, o el "superministro de operaciones especiales de Néstor Kirchner".

Aunque no se conocieran las reprobables acciones de Moreno en el Indec y en todas las cuestiones en las que ha metido mano contrariando cualquier lógica o transparencia económica y jurídica, ¿es posible que el Estado arme rápida y eficazmente una unidad de evaluación de proyectos para determinar la conveniencia de aplicar estos créditos?

El escenarioUn plan peligroso y de dudosa utilidad

Jorge Oviedo

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lanacion.com | Política | Domingo 7 de diciembre de 2008