Es hora ya de que los institutos de internación de menores se rehagan integralmente a fin de que puedan cumplir cabalmente con su misión.

La reciente muerte de dos menores en un instituto de régimen cerrado de La Matanza, que no contaba con personal médico y profesional para atender emergencias, indica la extrema urgencia de que se trate en todos los niveles el problema por el cual un número creciente de menores en la Argentina delinquen y permanecen en la impunidad o, lo que es todavía peor, son privados de su libertad pero no son juzgados, no tienen dictada la prisión preventiva y, en consecuencia, permanecen en una especie de limbo legal.

Al mismo tiempo, el resto de los ciudadanos ven cómo son robadas sus casas y miembros de su familia pierden la vida cruelmente a manos de menores (muchas veces, utilizados por organizaciones delictivas que se aprovechan de esa condición para mandarlos a delinquir), y reclaman con justa razón que las autoridades apliquen las penalidades correspondientes.

Los resultados del primer estudio realizado en el país sobre el régimen penal para menores -en el que intervinieron el Gobierno, la Unicef y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), en el último semestre de 2007- contabilizan en el país hasta 6294 chicos acusados de delitos, el 29% de los cuales están encerrados en institutos, reciben poca educación y, en su mayoría, están imputados de robar sin armas. Todos ellos carecen de red de contención, tanto en lo penal como en lo asistencial, para ayudarlos a salir de su situación de excluidos.

Como lo han expresado la procuradora general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, y la ex subsecretaria de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Martha Arriola, será imposible avanzar si no se encara la tarea desde la base misma: el hogar, la educación, la salida laboral y todos los aspectos que hacen a una vida digna de la que todos estos menores que delinquen carecen.

Ese sector joven de nuestra sociedad tiene a su favor la ley 26.061/05, que ha incorporado a nuestra legislación la protección integral de los Derechos del Niño y la Adolescencia, de acuerdo con la Convención Internacional de la ONU. Asimismo, existe en la provincia de Buenos Aires un subsistema de responsabilidad penal juvenil, cuya aplicación es todavía parcial, aunque se anuncia que pronto se ha de completar su funcionamiento. Se observa, entonces, que la omisión mayor es la ausencia de una efectiva política consagrada a la asistencia del menor.

En suma, se requiere la urgente puesta en marcha de políticas públicas de asistencia a la minoridad vulnerable, que están implicadas en la ley de protección integral mencionada. En la misma norma se define, también, la responsabilidad gubernamental, comunitaria y familiar.

Editorial IIMenores argentinos sin futuro

Es necesaria la urgente puesta en marcha de políticas públicas de asistencia a la minoridad vulnerable

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lanacion.com | Opinión | Domingo 23 de noviembre de 2008