El proyecto oficial anunciado anteayer prevé que se extinguirán las acciones contra todos aquellos morosos que decidan acogerse a la nueva moratoria y la cumplan, salvo cuando se trate de funcionarios públicos o cuando la causa tenga condena firme.
Jueces y fiscales consultados por LA NACION estimaron que esto implicará el cierre de cientos de expedientes en trámite contra pequeños, medianos y grandes evasores en la justicia en lo penal tributario. "Habrá una caída masiva de causas", dijo un funcionario.
Aunque por el momento se trata sólo de un proyecto, ya se vislumbran sus primeros efectos. Durante la mañana de ayer, las mesas de entrada de los juzgados registraron menos visitas que lo normal y fuentes judiciales relataron que un personaje público que está acusado de evasión pidió que se suspendiera su declaración indagatoria hasta que se defina si cambiará el régimen legal.
El jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando, Mariano Borinsky, alertó ayer sobre el peligro que encierra este tipo de proyectos. "Si cada tanto se dictan leyes que contemplan el cierre de causas, eso puede hacer que caiga la conciencia ciudadana sobre la necesidad del cumplimiento de las obligaciones tributarias", afirmó.
Además, el fiscal advirtió que la reglamentación de la ley, destinada a mejorar la recaudación tributaria, deberá ser muy cuidadosa para no afectar el principio de igualdad entre los contribuyentes.
Este proyecto de amnistía registra varios antecedentes. El último fue la ley 25.401 (la de presupuesto de 2001). En su artículo 73, dispensaba al organismo recaudador de denunciar los delitos tributarios si el responsable regularizaba su situación. Establecía, además, que si ya estaba hecha la denuncia, los fiscales debían desistir de su pretensión punitiva una vez que el contribuyente se hubiera presentado espontáneamente para cumplir con sus obligaciones.
"Así, se vaciaron los juzgados de expedientes. Si se aprueba esta ley, podría pasar lo mismo. Todo depende de quiénes se acojan, pero entiendo que la mayoría estaría en condiciones de hacerlo -dijo a LA NACION un magistrado que investiga a presuntos evasores-. Si cada siete años hacen una amnistía, el derecho penal tributario está destinado a la muerte."
Alejandro Altamirano, jefe del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral, dijo que este proyecto parece tener un alcance mucho mayor que sus antecedentes, pero pidió esperar a ver su redacción final: "¿Qué pasa con los que pagaron si ahora aparece una norma más beneficiosa? ¿Se va a contemplar su situación?".
"Hay que ver cómo sale finalmente y con qué excepciones", dijo un camarista con competencia en materia penal tributaria. "Además, estos delitos suelen ser complejos. Aunque se extinga la acción de la evasión, pueden subsistir otros delitos", explicó.La adulteración dolosa de registros y la asociación ilícita, por ejemplo, podrán seguir siendo investigados aunque se extinguiera la acción penal respecto de la evasión.
Uno de los casos más famosos que están en trámite en la justicia penal tributaria es la causa Skanska. De aprobarse el proyecto oficial, no se vería afectada en forma directa. La empresa sueca afirmó haber pagado ya todas sus deudas con el fisco y pidió la extinción de la acción basada en el artículo 73 de la ley 25.401.
Invocó un antecedente de la Cámara de Casación, que había sostenido que si se beneficiaba al que se acogía a la moratoria, lo mismo debía ocurrir con quien pagaba directamente, explicó una fuente con acceso a la causa.
No obstante, Skanska podría verse favorecida con el nuevo régimen si la AFIP -que debe dictaminar si la empresa pagó toda su deuda- considera que le queda un remanente por saldar. Sobre esa eventual parte, Skanska podría lograr la extinción de la acción.
Prevén el cierre de cientos de causas penales
Si se aprueba el proyecto oficial, se extinguirán las investigaciones contra presuntos evasores que se acojan a la moratoria
lanacion.com | Política | Viernes 28 de noviembre de 2008
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