Hasta ahora los instrumentos empleados apuntaron a asistir la liquidez de bancos en dificultades y, en los casos de dos compañías de crédito hipotecario, Fannie Mae y Freddie Mac, el gobierno incorporó capital adquiriendo el control. En otros casos se facilitó la venta de entidades en dificultades a otras con menores compromisos y en algunos, como el de Lehman Brothers, se dejó operar el mecanismo de la quiebra con la venta posterior de determinados activos a quienes pudieron adquirirlos.
El procedimiento que agrega el nuevo régimen aprobado por el Congreso estadounidense apunta directamente al origen de la crisis. Por procedimientos licitatorios que aseguren cierta transparencia y un precio objetivo, el Estado adquirirá los créditos de difícil recupero y, por lo tanto, saneará las carteras de los bancos reduciendo la percepción de riesgo.
Esto permitiría crear confianza no sólo en el banco asistido, sino en toda la cadena financiera sobre la que se diseminaron las carteras afectadas mediante instrumentos financieros sofisticados. De esta forma se evitarán los comportamientos encadenados de venta de acciones y de activos financieros, así como la fuga de depósitos. Justamente, la gravedad de esta crisis estriba en la enorme dificultad de saber cuál es la situación de riesgo y solvencia de cualquier entidad, ya que mediante aquellos instrumentos la incobrabilidad de los créditos originales contaminó casi todo el sistema.
La aprobación en el Senado y en la Cámara baja estuvo impulsada por la insistencia del presidente George W. Bush y de los dos candidatos Barack Obama y John McCain, que lograron superar la resistencia de los representantes. Los republicanos, en su mayoría, rechazaron el proyecto en su primera votación. La nueva versión ha incorporado algunos agregados que poco o nada tienen que ver con el salvataje, pero permitieron ganar algunos votos positivos en el Senado y en la Cámara baja.
La resistencia política y el rechazo a que el Estado intervenga se ha apoyado en el principio de que cada uno debe pagar sus errores y que los contribuyentes no deben cargar sobre sus espaldas la falta de prudencia o el deseo excesivo de lucro de los prestamistas o prestatarios. Nos referimos a que no se asuma el riesgo moral con dineros públicos. Sin embargo, contra este irrefutable principio se opone la realidad del riesgo evidente de la profundización de la crisis, lo que provocaría un enorme daño colectivo de carácter económico y social. Esto afectaría a millones de familias que nada tuvieron que ver con el origen del problema, pero que lo sufrirán irremediablemente.
Puede argumentarse, además, que los dineros públicos no se gastarán hasta desaparecer, sino que se invertirán en créditos adquiridos a precios por debajo de su valor nominal y que se recuperarán con el correr del tiempo en una proporción tanto mayor cuanto más rápidamente se salga de la crisis.
La ley, promulgada por Bush, prevé que los directivos de los bancos que se acojan a este beneficio no podrán recibir bonificaciones y contempla que los contribuyentes participen de las eventuales utilidades que resulten de la recuperación de los créditos adquiridos. Debe admitirse, sin embargo, que es probable que termine habiendo un costo fiscal; de lo contrario, se hubiera dejado al mercado la compra de créditos y su recupero posterior. A pesar de esto, el salvataje es inevitable y lo actuado por el Congreso estadounidense es correcto.
Muchas veces una solución heterodoxa como ésta hace posible que se preserve en su esencia al sistema que ha demostrado sus enormes beneficios para el desarrollo del mundo libre. Los instrumentos keynesianos aplicados a partir de la crisis del treinta, aunque supusieron mayor intervención estatal, se mostraron eficaces para atenuar los tan destructivos ciclos económicos, preservando en su esencia al capitalismo y permitiendo el desarrollo que hemos observado en las últimas décadas. Parecería que estamos hoy ante un nuevo y similar desafío como consecuencia de la aparición de instrumentos financieros de alta complejidad en un mundo globalizado e interconectado por tecnologías que antes no existían.
Más allá de estas medidas de salvataje, ciertamente heterodoxas, seguramente en el futuro las regulaciones prudenciales que se han aplicado a los bancos, deberán extenderse a otras agencias de crédito. Las relaciones máximas de endeudamiento deberán ser más estrictas en la banca de inversión, si es que subsiste, y en otras agencias. Las calificadoras de riesgo deberán sujetarse a criterios más rigurosos que consideren incluso el riesgo sistémico.
Editorial ILa histórica ley de rescate financiero
lanacion.com | Opinión | S?do 4 de octubre de 2008
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