Desde ayer se cumple una nueva ronda de protesta rural; esta vez consistirá en la suspensión de la entrega de granos y ganado vacuno, y en movilizaciones que operarán en los centros urbanos del interior y concentraciones de productores a la vera de las rutas en gran parte del país.
La decisión emanada de la Comisión de Enlace, conformada por las cuatro principales entidades del agro, tiene, tal como ocurrió en la gran protesta de marzo-junio, su correlato en acciones de productores no convocados que podrían adoptar actitudes algo distintas. Se trata de evitar el corte de rutas y ello resultará no solamente conveniente, sino absolutamente necesario, a la luz del principio central que se sustenta en que el derecho de unos termina donde comienza el de los demás. Por otra parte, el importante apoyo logrado por el agro en los grandes centros urbanos podría debilitarse en tanto se proceda sin observar tal principio.
Desde la ya histórica jornada en la que el Senado denegó la ratificación de la decisión 125 hasta ahora, ha corrido mucha agua bajo los puentes mostrando un gran deterioro de la rentabilidad de los principales renglones del agro. Ello se funda en tres importantes componentes que interactúan entre sí. Por un lado, la rentabilidad que exhibía el principal pilar productivo que son los granos decayó, presa de la gran reducción de las cotizaciones mundiales, mientras siguen aumentando los precios de los insumos. La ganadería vacuna y el tambo continúan con severas pérdidas que anuncian crisis futuras de abastecimiento, exportaciones y cierres de establecimientos. Se recordarán las promesas del ex presidente Kirchner durante la campaña electoral de 2003 en el sentido de reducir las retenciones tan pronto la situación lo permitiera. No sólo no fue así, sino que las retenciones para los granos del 20 por ciento, decididas por la administración Duhalde como recurso extraordinario, fueron creciendo pari passu con el aumento de los precios mundiales, hasta el 35 por ciento para la soja, vigente hoy, luego de la frustrada intención de elevarlos al 45. El trigo y ahora el maíz no sólo soportan aumentadas retenciones, sino prohibiciones para exportar en el marco de un desacople del mercado interno con las exportaciones. Por su lado, los precios máximos y las licencias de exportación sientan sus reales, configurando un cepo desalentador.
Un segundo componente de la crisis viene del exterior, montado en la declinación de los mercados en el mundo, una de cuyas primeras manifestaciones ha sido la abrupta caída de los precios de granos, carnes, lácteos y producciones regionales. Las expresiones de la Presidenta en el país y en el exterior, cuando puntualizó sobre la solidez de la economía argentina y la excelencia de las políticas adoptadas, ceden ante una realidad que va mostrando carencias fiscales, reducción de inversiones, dificultades de financiamiento externo y gran reducción de precios externos.
Un tercer componente de la crisis agraria es la gran sequía que va del Chaco al sur bonaerense y de la costa a la pampa semiárida. Las ya reducidas siembras de trigo del 22 por ciento quedarían acrecidas por una recolección aún inferior. Algo parecido ocurre con las siembras de maíz, mientras la soja y el girasol esperan más precipitaciones próximas para poder remontar las carencias existentes.
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