¿Más retenciones todavía?

Versiones insistentes indican que el gobierno nacional se dispondría a ampliar la gama de impuestos a las exportaciones, sumándolos a los de importantísimos sectores como la minería y también tal vez a commodities industriales.

La temeraria concepción oficial en la cual se basa el proyecto en estudio radica en que, como consecuencia de este impuesto a las exportaciones, "la rentabilidad resultante será la adecuada para el giro normal de la actividad", como se señaló en los fundamentos del reciente aumento de las retenciones a las ventas de petróleo y de derivados al exterior.

Con el mismo propósito se agregó que "el Estado nacional debe procurar captar las rentas extraordinarias que se generan en diferentes sectores de la actividad", todo lo cual equivale a decidir que es el Gobierno, siguiendo ideas propias de regímenes colectivistas, el que fija la rentabilidad lógica de las empresas, para desplazar así al mercado, con todas las funestas consecuencias que sobrevendrán en el mediano y largo plazos, algunas de las cuales están ya presentes, como es el caso de la producción energética.

La minería, cuyos recursos naturales estuvieron dormidos durante más de un siglo, adquirió un gran empuje a partir de la sanción de la ley 24.196, que estableció reglas requeridas para el logro de un gran flujo de inversiones. Entre esas nuevas normas de la década del noventa, se encuentra el beneficio de la estabilidad fiscal por el término de 30 años, justificada con motivo de las características de la actividad, que requiere extensos períodos de ejecución de costosas tareas de exploración y de explotación. Así se iniciaron grandes emprendimientos, principalmente en las provincias andinas, en las cuales anidan grandes riquezas metalíferas, que ya comenzaron a fluir a las economías regionales, creando trabajo, valor agregado, y consistentes y crecientes exportaciones, que contribuyen a su conveniente diversificación.

Se debería descontar que una nueva ley no podría vulnerar la estabilidad fiscal mencionada, sin perjuicio de lo cual hay en el seno del Gobierno quienes estiman que este beneficio no tendría que ser aplicable a los emprendimientos anteriores a la sanción de la norma de estabilidad ni a los proyectos aún no aprobados. Se trata de una malsana interpretación si se tiene en cuenta que las empresas instaladas con anterioridad a la ley, por su larga experiencia, están particularmente habilitadas para expandir sus actividades antes que para frenarlas. Similares apreciaciones deben tenerse en cuenta para quienes están animando nuevos proyectos, que no tardarán en reformularlos o bien abandonarlos, si acontece otro abrupto cambio en las reglas de juego.

Vale decir, entonces, que restringiendo la interpretación de la estabilidad fiscal se estaría abortando el surgimiento de una nueva y gran actividad económica nacional.

La voracidad fiscal que sigue mostrando la administración saliente brinda señales, dadas las características matrimoniales de la sucesión, de que el próximo gobierno nacional no sólo encarnará una continuidad, sino que intensificará su política tendiente a exprimir al máximo con impuestos distorsivos a algunos de los sectores más dinámicos de la economía.

El último aumento de las retenciones a las exportaciones de granos y subproductos, al igual que de petróleo y su gama industrial, ha asestado un duro golpe a estas actividades. También para el caso de la industria láctea, cuyos productores han manifestado su condena mediante un acto simbólico, al enviar un grueso contingente de vientres lecheros para su faena.

Nada mejor, entonces, que archivar los proyectos mencionados que pudieran afectar a la minería o a otros sectores en consideración. En todo caso, siempre sería preferible ordenar y comenzar a reducir el gasto público.

Fuente: La Nación